En una intensa sesión de la Comisión de Derechos Humanos, representantes de la Agrupación de Menores de Valparaíso víctimas de torturas durante la dictadura, solicitaron ser incluidos en las indemnizaciones que contempla la ley. Viviana Fernández, Presidenta de la Agrupación, señaló ante los parlamentarios el desconocimiento que existe en el país sobre este tema y que se materializó en el Informe Valech, ya que en dicho documento sólo se incluyen a 188 menores, cifra que según ella es bastante menor a la real.
En este sentido, Fernández expresó que “hay una cantidad enorme de menores que quedó fuera del Informe porque no tenían la documentación que se pedía, porque nadie, en ningún recinto de las Fuerzas Armadas que estuviera detenido, le iban a dar un certificado que dijera que había pasado por ese lugar”.
La petición fue acogida por los diputados miembros de la instancia y se acordó canalizar esta solicitud a través del Ministerio del Interior. El diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la Comisión, dijo además que “sin duda que vamos a apoyar esto porque es una situación que se conoce poco en el país pero que ocurrió con absoluta crudeza”.
Comando Unitario tramita Nueva Ley de Reparación
Posteriormente, la instancia parlamentaria recibió al Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, quienes informaron sobre las conversaciones que han tenido con el Gobierno, específicamente con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Carolina Tohá, sobre la posibilidad de establecer una nueva Ley de Reparación.
Al respecto, Nelson Aramburú, Vocero del Comando, solicitó ante la Comisión que el Ejecutivo cumpla con su promesa al respecto y agregó que la actual legislación es “austera y simbólica y ha demostrado a través del tiempo que ha sido una ley pobre desde el punto de vista reparatorio, mientras que el informe de la Comisión Valech tampoco ha reparado el grave daño causado por la dictadura militar”.
Sobre esta materia, el diputado Ojeda sostuvo que la instancia invitó a María Luisa Sepúlveda, encargada del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la Ministra Tohá con el fin de plantearles estas inquietudes.