Gracias a una multa de tan sólo un millón de dólares, la cadena de Farmacias Ahumada está en condiciones ahora de gastar unos 4 o cinco más para recuperar su imagen y planificar toda una campaña publicitaria para recuperar a sus decepcionados clientes. Después de declararse culpables de coludirse con otras dos redes de farmacias para elevar drásticamente los precios de 220 productos, los ejecutivos de esta empresa se las ingenian para lograr que de esta trampa que le hicieron a la libre competencia y al bolsillo de los chilenos resulte una buena oportunidad para consolidar su lucrativo negocio.
Se sabe que nuestra población es una de las de más alto consumo mundial de remedios por persona; prueba de ello es la enorme cantidad de farmacias existentes en todas nuestras ciudades, pueblos y barrios.
La discreta multa aplicada por el Tribunal encargado de castigar los delitos monopólicos y de colusión entre las empresas, tiene el riesgo de inducir, más que disuadir, a otras empresas a proceder exactamente como las tres grandes cadenas de farmacias. Un millón de dólares parece mucho dinero, pero se sabe que es la nada misma respecto del monto defraudado en este nuevo episodio de corrupción. Por algo, la ley facultaba a los jueces a aplicar una sanción que llegara a los 15 millones, cifra que resultaría mucho más cercana a todo lo que pagaron en exceso los enfermos crónicos por sus fármacos. Según los testimonios, muchos pacientes se vieron forzados a disminuir las dosis recomendadas por los médicos por la imposibilidad de financiar los sobreprecios pactados en esta grave conspiración para delinquir, hacer un “negocio redondo” a expensas de los enfermos y , muy particularmente, de los ancianos.
Si un millón de dólares aparece como una cifra ridícula, peor se hace, todavía, que los ejecutivos de las farmacias resulten impunes, favorecidos por una enmienda legal del gobierno de Ricardo Lagos en que se los liberó de responsabilidad penal individual, fijando sólo multas a las empresas que cometieran este delito contra la libre competencia. La historia judicial y comercial chilena seguramente registrará esta resolución del Tribunal de Libre Competencia (TLC) como un despropósito que no se compadece tampoco con la conmoción pública derivada de este escándalo de colusión, la impotencia social que se percibe por el engaño y las reacciones de repudio que el delito despertó entre las propias autoridades políticas y entidades como el Servicio Nacional del Consumidor. Tanto que ésta última no cesa de denunciar el mal causado, advertir sobre otras irregularidades de las farmacias e insta a los perjudicados a plantear querellas que persigan la justa reparación por el abuso cometido. El propio Congreso Nacional legisló de urgencia para ampliar a 23 millones el monto de las multas que el TLC pueda aplicar para sancionar la falta de probidad y transparencia de la empresas. Esta decisión deja todavía más evidencia la exigua multa aplicada a Farmacias Ahumada, es decir de sólo una ínfima parte de lo que podría habérsele aplicado.
En la desproporción existente entre lo defraudado y lo multado, el país teme que puedan repetirse nuevos atentados en contra de la confianza pública, tanto como empeorar la mala percepción de los chilenos respecto de los tribunales de justicia y ciertos magistrados. De allí que sea tan importante lo que suceda con esta causa en las instancias superiores del Poder Judicial. Como importante será , además, lo que ocurra con las otras dos cadenas renuentes a aceptar su colusión. Lo que razonablemente se espera es que Salcobrand y Cruz Verde agreguen a la sanción por su presunto delito económico su resistencia a colaborar con la justicia.
El sentimiento de impunidad que existe sobre este escándalo puede acrecentarse en la posibilidad que los órganos de prensa les den dilecta tribuna a los ejecutivos que se coludieron y colaboren con la difusión de sus estrategias de marketing para recuperar o consolidar más clientes. Sabemos que la oferta publicitaria hacia los medios suele inhibir la responsabilidad social del periodismo, su rol vigía en la prevención y denuncia de la corrupción y falta de probidad. El país todavía recuerda como hubo medios que abruptamente se silenciaron ante las graves denuncias que afectaron a una cadena de comida rápida, autocensura que luego fue retribuida con sendos y millonarios avisos.