Si los entretelones del escándalo de las cadenas farmacéuticas tienen al país consternado, el caso que desbarató la Contraloría, es, a nuestro juicio, aún más grave, ya que los organismos del Estado no pueden transformarse en ayudistas de ciertos privados, renunciando a sus roles de control de la legalidad. Recordemos que estamos ante una normativa creada ex profeso por el Minvu para permitir la aparición de estos enclaves urbanos en zonas rurales, pomposamente llamados de desarrollo urbano condicionado, en que ese ministerio actuando como juez, parte y promotor de los mismos, se ha transformado en un elemento nefasto para el desarrollo urbano sustentable que exige esta ciudad. A quedado demostrado que el concepto de probidad es una entelequia, de la que mucho se habla y poco se practica. En todo caso, ayer lunes nos reunimos con el consejero Manuel Urrutía, nuevo presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Metropolitano, a quien solicitamos una investigación rigurosa del desarrollo de los hechos para sancionar las responsabilidaes administrativas del caso, y en particular, para que la ciudaddanía juegue un rol determinante en decisiones urbanas las que hasta ahora se han manejado entre cuatro paredes.”
Por su parte, el Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, manifestó que: “La expansión urbana de Santiago sobre tierras silvoagropecuarias agrava todos los problemas de nuestra ciudad, en especial, la contaminación del aire. La expansión de la ciudad hace necesarios viajes motorizados más prolongados, los que emiten miles de toneladas adicionales de contaminantes al aire. Por ello, el Plan de Descontaminación original de 1997 prohibió la expansión urbana. Por desgracia, bajo el funesto Gobierno del ex-presidente Lagos, esta prohibición, tan relevante para resguardar la salud de la población, fue eliminada. Fue eliminada, precisamente, para hacer viables negociados de especulación inmobiliaria a costa de la salud y la calidad de vida de los habitantes de Santiago, negociados como estos tres que ahora la Contraloría a instancias nuestras ha declarado ilegales”
Rendón agregó que “Es impactante que en un país como Chile, que se jacta de ser uno de los menos corruptos de latinoamérica, tengamos que ser organizaciones ciudadanas voluntarias, las que permanantemente debamos estar denunciando los oscuros negociados de los grandes grupos económicos con la complicidad del Gobierno. Las autoridades que intervinieron en esto, como la ministra Poblete y el ex-intendente Erazo, deberían explicar por qué pretendían favorecer ilegalmente a estos grupos económicos, eximiéndolos de la obligación de internalizar, al menos en parte, los tremendos costos que le pretendían provocar a la ciudad”, concluyó el dirigente ecologista.