La acción legal se sustenta en los artículos 285 y 286 del Código Penal que establecen que “los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural” de mercaderías” sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales”, pena que aumentan cuando se trata de “objetos de primera necesidad”.
Según el abogado querellante, Alfredo Morgado, las multas cursadas por la Fiscalía Nacional Económica no son suficientes para reparar el daño causado por las tres cadenas farmacéuticas, por lo que a través de esta presentación legal los culpables arriesgarían condenas de hasta cinco años de cárcel.
“Todos y cada uno de los individuos, independiente de su investidura dentro de las empresas que han participado en estos hechos, tendrán que responder penalmente, porque no bastan las simples multas”, aseguró.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, hizo un llamado a exigir respeto por la receta médica, ya que a su juicio, esto tiene graves consecuencias para los pacientes crónicos.
“Se niega a las personas el acceso a medicamentos. Eso tiene repercusiones sanitarias, no sólo económicas, porque hay pacientes diabéticos, hipertensos o epilépticos que no han podido continuar su tratamiento. Hemos visto a través de los medios de comunicación, que han hecho una gran labor, hay personas que han debido disminuir incluso las dosis indicadas por los médicos a raíz de esta situación”, afirmó.
Por esta razón, el diputado DC Gabriel Silber, señaló que esta acción judicial busca reparar a los clientes, ya que “las multas de la Fiscalía Nacional Económica son a beneficio fiscal, por lo que buscamos compensaciones directas a los afectados. Podemos pensar en una indemnización de tales dimensiones que alcance para reparar el daño causado”.
A esta querella se le unieron otras presentaciones como del abogado Jaime Silva, del portal jurídico Problemas.cl, quien presentó una demanda colectiva indemnizatoria por infracción a la Ley del Consumidor.
“Hicimos el mandato respectivo de a lo menos 120 personas respecto de Farmacias Ahumada. Esa es la legitimación activa por la que estamos presentando esta demanda contra esta farmacia. Quedamos con los mandatos suficientes para que en la oportunidad procesal correspondiente, cuando se haya acreditado fehacientemente la participación de las otras empresas coludidas, también iniciar las acciones legales en su contra”, explicó.
Este texto se originó después de una convocatoria a los afectados, para firmar un mandato judicial con el fin de sumarse a dicha demanda.
Por su parte, Ernesto Medina, de la Fundación Defensoría Ciudadana, junto a otras organizaciones, se manifestaron nuevamente en el Paseo Ahumada con Huérfanos para mantener la alerta ante este delito.
“Lo que estamos haciendo es recoger la opinión de los transeúntes. Varias organizaciones sindicales han estado de acuerdo en buscar soluciones propias, porque el Estado tiene que asumir y proteger a los consumidores, usuarios y pacientes, por lo tanto, tiene que tener almacenes que permitan comprar remedios a bajo costo”, señaló.
Pero no sólo acciones legales se han emprendido contra las cadenas de farmacias. Un grupo de jóvenes lanzaron tomates a los locales de Cruz Verde y Farmacias Ahumadas ubicadas en el centro de Santiago y llamaron a la sociedad civil a organizarse para no permitir que les roben, mientras que en una sucursal de la empresa de Fasa ubicada en Teatinos se produjeron incidentes cuando los clientes mostraron su molestia.
Desde la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), en tanto, se hizo un llamado a participar en una manifestación el 6 de abril para repudiar esta alza concertada de los precios de los medicamentos.
Ojo vigilante
Ante los ministros del comité político, encabezado por el vicepresidente Andrés Velasco, la subsecretaria de Salud, Jeannette Vega, informó sobre las acciones que se han adoptado para enfrentar la coordinación de las tres grandes cadenas farmacéuticas que controlan más del 95 por ciento del mercado.
A la salida del encuentro, Vega reiteró la convicción del Ministerio de Salud de que la acción coordinada entre las tres empresas para aumentar artificiosamente los precios de los medicamentos, más allá de la negativa a reconocer estos hechos por parte de los ejecutivos de Cruz Verde y Salcobrand.
“Para que haya colusión tiene que existir más de un actor, por lo que nosotros ya denunciamos el año pasado la situación de que efectivamente hay cambios en los precios, que son concomitantes en el tiempo, corresponden a los mismos medicamentos, y ocurren en diferencia de minutos u horas. Esa situación no ha cambiado, nosotros los estamos observando y podemos decir con cierto grado de responsabilidad que ha seguido en el tiempo”, señaló.
Respecto de la denuncia sobre la coordinación de las farmacias, esta vez, con las Isapres para vender a un precio mayor los medicamentos que necesitan los pacientes cuyas patologías cubre el Plan Auge, la subsecretaria indicó que no tienen mayores antecedentes, aunque indicó que en el Ministerio están alerta sobre nuevos delitos.
“Lo que hay que preguntarse es a qué precio se están vendiendo y cuánto es el copago. Si uno pudiera conjeturar, y hay un precio de venta que es muchísimo mayor que el costo, en realidad el copago no está siendo de 20 por ciento, sino que mucho mayor”, señaló.
Sobre el reclamo del Colegio Médico respecto de que aún se mantienen los altos precios en los remedios, Vega explicó que la regulación del mercado le corresponde a otros entes.
La autoridad afirmó que continuarán con las fiscalizaciones realizadas este fin de semana y que terminaron con tres farmacias cerradas, dos por falta de cadena de frío y una por ausencia de un químico farmacéutico.
¿Sólo en las farmacias?
En el Parlamento las alarmas también están encendidas. Los jefes de bancada de diputados de la DC, Eduardo Saffirio y Gonzalo Duarte, anunciaron que investigarán otros mercados en los cuales se podría estar dando la colusión, como el de los fertilizantes y el de la uva, información que incluso ya ha sido entregada a la Fiscalía Nacional Económica.
Es por esto que los diputados pidieron la realización de una sesión especial para debatir en profundidad la situación de la libre competencia en el país.
“Tenemos antecedentes de problemas similares registrados en las Isapres, con planes prácticamente iguales, dejando sin poder de elección a los usuarios; lo mismo ocurre con los fertilizantes, antecedentes que ya hemos dado a conocer públicamente. En el caso de la uva, donde, tal como lo ha señalado el diputado Jorge Sabag, las grandes viñas pagan el mismo precio a los productores, un precio bajísimo, que ni siquiera cubre los costos de producción”, puntualizó el diputado Saffirio.
Además, agregó que “la libre competencia y la transparencia en el mercado constituyen dos elementos claves que debemos fortalecer en defensa de los consumidores y de los pequeños y medianos productores, muchas veces aniquilados por una competencia desleal de parte de verdaderos carteles”.