El aspecto más grave resulta ser la cancelación del derecho de todo médico de no delatar al migrante indocumentado que le pida asistencia. Es decir, desde ahora los médicos italianos estarán en la obligación de denunciar a todo migrante sin papeles que se les presente.
Por otro lado, se introduce una tasa que podrá variar entre 80 y 200 euros para conseguir el permiso de estancia. Ya antes, un migrante pagaba un promedio de 72 euros, entre pago de derechos y otros papeles, para conseguir su estancia regular. Ahora la norma introduce una tasa explícita para ese trámite. Se ratifica además el delito de estancia irregular. Claro, al no poder detener a millones de personas, la pena se convertirá en una multa. Se legalizan las llamadas “rondas ciudadanas no armadas” en auxilio a las fuerzas del orden. Finalmente, se introduce el permiso de estancia “a puntos”, es decir, el permiso mismo perderá puntos hasta quedar nulo en dos casos: que el migrante viole la ley o que no demuestre integrarse “correctamente” a la sociedad italiana. ¿Quién medirá el nivel de integración?, nadie lo explica aún. Lo importante es que el migrante se ponga en la cabeza que deberá dejarse domesticar, normalizar y reglamentar por medio de este enésimo chantaje.
La seguridad se convierte en tema clave en estos meses de crisis económica y de incertidumbre, y el racismo se vuelve instrumento clásico de desahogo irracional que se muestra verbal, normativa y físicamente. Las declaraciones del ministro no son otra cosa que la interpretación, la verbalización, de ataques en contra de ciudadanos extranjeros sucedidos en Italia en semanas recientes. La ley, finalmente, termina ratificando, desde el alto de su valor simbólico y social, el sentido discriminatorio de las actitudes generalmente aceptadas en la sociedad italiana.
Sin embargo, el asunto va aún más allá. La ley aprobada, en su conjunto, está cuestionando al futuro de una sociedad –la italiana, pero bien se podría trasladar a la escala europea–, atravesada por una crisis que es definitivamente estructural. Nos interroga acerca de qué futuro nos espera, cuáles los escenarios sociales que nos esperan, cuáles son las respuestas que tendremos. Es por esto que el “paquete” en realidad describe la persecución, la tentativa constante de normar a la movilidad de las personas, sus vidas, sus deseos y sus rebeldías potenciales.
Trata de actuar sobre las mentes y sobre los cuerpos, finalmente sobre la vida misma, acotando los espacios de libertad y de incertidumbre que se van abriendo en el contexto actual. Y este objetivo –inalcanzable, aunque lo intenten– se trata de lograr introduciendo no solamente el miedo al distinto, sino poniendo con fuerza el tema de la sospecha, de la amenaza, del chantaje que rodean permanentemente a los sujetos. Por ejemplo: los médicos se convierten en delatores. Claro, ellos y sus asociaciones ya declararon querer desobedecer tal normativa: “nunca seremos espías”, afirman. Sin embargo, en la relación de confianza médico-paciente ya se abrieron las grietas necesarias. Ya se difundió el clima de sospecha y de miedo: inestabilidad, precariedad, riesgo, inseguridad e incertidumbre. Todo por encima de la salud del migrante sin papeles.
Lo que emerge en esta situación es un nuevo escenario que habla el lenguaje de la defensa, de la protección. Los mismos ex poderosos del planeta lo dicen y exigen: rescates, salvación de sus economías, protección del Estado. Este escenario, es cierto, puede asumir las características brutales del racismo más despiadado (como está efectivamente sucediendo en Italia, en Inglaterra y en muchos otro lados), de la cerrazón identitaria nacional y/o comunitaria y esto dependerá en buena medida de las condiciones históricas, culturales y sobre todo materiales de cada territorio. Mas puede asumir también las características de la liberación, de la cooperación y de la solidaridad. La única certeza a esta altura de las cosas es que en este contradictorio y complejo escenario, es necesario tomar partido y ensuciarse las manos.