La convocatoria que hizo para este viernes el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, a una sesión especial para analizar las millonarias comisiones cobradas por oficiales de la FACH luego de la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica, no dejó indiferente al gobierno, a la Concertación, ni a la Alianza.. En La Moneda, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, esbozó una crítica tangencial a la medida anunciada por Zaldívar.
La reacción de los bloques políticos
En el oficialismo, las críticas fueron menos constitucionales y mucho más políticas, sobre todo contra el titular de la Cámara Alta.
El presidente del Partido Socialista, el senador Camilo Escalona, expresó su categórico rechazo y calificó en duros términos la idea de realizar una sesión especial para abordar el tema de la compra de aviones Mirage.
“La decisión del senador Zaldívar es temeraria, absolutamente inconstitucional y enteramente imprudente, que interfiere en el proceso en curso. Lejos de ayudar a la investigación, lo que produce una discusión en el Senado es interferir con el proceso de toma de decisiones del juez Astudillo”.
Escalona hizo un llamado al senador Zaldívar “a suspender la sesión, porque no quiero saber que después de la discusión del viernes el ministro se vea reducido en su capacidad de acción”.
Mientras, en la Alianza por Chile, el senador UDI Hernán Larraín, consideró necesario que la Cámara Alta aborde el caso, ya que existen actores políticos involucrados. “Por eso es importante reaccionar, exigir que se conozca quiénes son los responsables. Está claro que hubo coimas, lo que no está claro quienes son los coimeados, si fueron algunos generales, ministros, qué funcionarios públicos. Eso es lo que se debe sustanciar hasta el final”, enfatizó.
La sesión está programada para las 11 horas en el plenario del Senado en Valparaíso, cita a la que también está invitado el ministro de Defensa, José Goñi.
Estas instancias parlamentarias no tienen un efecto legal, sino que sólo finalizan con un voto político de los legisladores y que significa un pronunciamiento de la Corporación.
Pero igualmente el debate será intenso, sobre todo considerando la gravedad del caso y los actores involucrados, entre los que se encuentran la comandancia de la FACH y los ministerios de Defensa de los ex Presidentes DC Patricio Aylwin y Eduardo Frei.
Apoyo oficialista a Aylwin
Más temprano, el Ejecutivo también se pronunció sobre el caso, cuando el vocero de Gobierno, Francisco Vidal afirmó que compartía la molestia del ex Presidente Patricio Aylwin por las declaraciones del ex general de la FACH, Ramón Vega, quien calificó de “imprudentes” la acusación de traición y enriquecimiento ilícito que le hizo el ex Mandatario.
Vidal afirmó que la reacción de Aylwin es razonable, ya que fue él quien nombró al ex jefe de la Fuerza Aérea, y agregó que es mejor dejar de lado los dimes y diretes y esperar a lo que diga el juez a cargo de la investigación.
Pero, además, defendió la decisión del gobierno de Aylwin sobre la compra de los aviones Mirage, calificándola como “acertada y buena en su momento”, ya que era necesario reemplazar el material aéreo.
“La compra fue hecha en 1993, pero hay procedimientos posteriores, porque la adquisición de este sistema de armas es compleja. No confundamos la compra con la decisión política, ya que era imprescindible reemplazar a los Hawker Hunter, son buenos aviones que sirvieron y hasta ahora sirven, aunque es muy caro mantenerlos en vuelo”, precisó.
Secreto del sumario
Quitarle el conocimiento de la indagatoria a las partes involucradas. Esa fue la decisión del juez Omar Astudillo, quien investiga los millonarios pagos de comisiones.
El magistrado decretó el secreto del sumario que tiene hasta el momento como involucrados al ex comandante en jefe de la FACH, Ramón Vega por malversación de caudales públicos, y en calidad de cómplices a los ex oficiales de la institución Florencio Dublé, Jaime Estay y Luis Bolton.
El objetivo de la resolución sería evitar posibles filtraciones por el alto impacto público y mediático del caso. Este argumento se justifica en la decisión, ya que establece que la publicidad de sus actuaciones en el proceso podrían arriesgar el éxito de la investigación.