A la falta de real cooperación de las fuerzas armadas y policiales se suman las desprolijidades y los aprovechamientos de siempre. Entre estos últimos están también los de políticos y medios que ahora se preocupan por los “aparecidos”, pero que nunca lo hicieron por las víctimas.
Cuando el Presidente Aylwin pidió perdón por las víctimas de los crímenes del régimen militar no lo hizo “en el nombre del Padre” bueno y justo que buscaba reparar lo obrado por un tirano, sino que habló “en el nombre del Estado”, porque fueron sus agentes los que cometieron los atropellos a los DDHH. La Comisión de Reconciliación y Verdad que entregaba entonces el informe Rettig, así como la Comisión contra la Tortura, que después expidió el informe Valech, significaron enormes esfuerzos por reconstituir la verdad y entregar caminos de acción a la justicia.
El Parlamento respaldó estas acciones, aunque con las limitaciones impuestas por las profundas discrepancias entre los distintos sectores políticos, y el Poder Judicial hizo lo suyo, en un afán por aligerar la enorme carga de su irresponsabilidad durante “los años de plomo”. Pero hubo un sector, el militar, que nunca aportó lo suficiente para esclarecer las circunstancias de las detenciones, desapariciones y ejecuciones, establecer los nombres de las víctimas y mucho menos la identificación de los victimarios, los cuales siguieron recibiendo apoyo institucional, incluso monetario.
Este es el baldón que pesa en los comandantes en jefe de las FFAA y los directores generales de Carabineros desde el advenimiento de la democracia, pese a que algunos de ellos –como los dos generales Izurieta y el anterior jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre- han asegurado que mayor información no existía.
A todo esto se suma la ineficiencia de algunos servicios y determinados funcionarios, que no fueron capaces o no pusieron mayor esfuerzo en identificar debidamente a las víctimas, incluso al periciar restos hallados . Quedó así un campo fértil para los aprovechadores de siempre y no sería raro que a los cuatro casos de falsos desaparecidos que el gobierno reconoce se agreguen no sólo los otros tantos que denunció la diputada Rubilar, sino algunos más.
Es un campo fértil también para el aprovechamiento de políticos y medios de comunicación que no se preocuparon durante la dictadura de tanto caso de detenido desaparecido y de ejecuciones que denunciaban familiares y organismos de defensa de DDHH.
Hoy podrán reírse aquellas mujeres pinochetistas que en las manifestaciones por el general bramaban que las presuntas víctimas vivían muy bien en el extranjero. Pero, cuidado, porque sorpresas puede arrojar una investigación profundizada, con reapertura o no de las Comisiones Rettig y Valech, pero en todo caso con un organismo funcionando a tiempo permanente: la resta de algunos nombres incorporados por error en listas y memoriales puede ir eventualmente acompañada de la suma de algunos casos más de víctimas, que no están entre las 1.183 señaladas por la Comisión Rettig y que llevaron al Presidente Aylwin a pedir emotivamente perdón en el nombre de un Estado que todavía está en deuda.