El crimen como política de estado desatada por la dictadura militar, en su calidad de brazo armado de la oligarquía, los grupos económicos y las transnacionales repugna a la conciencia de cualquier ser humano civilizado. Que ello no vuelva a ocurrir es un imperativo para una sociedad y de lo que se trata es de establecer premisas que realmente lo impidan, no una simple declaración de buena voluntad rebosada de ingenuidad.
Con ocasión de los 40 años del golpe militar los medios de prensa informan, y no en toda su brutalidad, de los crímenes de la dictadura. La derecha observa con justificado temor que estos ecos del pasado, sumado a otro largo listado de factores, les lleva directamente a un desastre electoral.
Con el cinismo y la duplicidad ética que les caracteriza han puesto en los medios de prensa a algunos de su personeros a “pedir perdón” no por los crímenes, sino por la “omisión” o falta de actividad ante los crímenes.
Esto es una maniobra mentirosa, pues la derecha como sector político tuvo a sus más grandes líderes como Jaime Guzmán y Sergio Onofre Jarpa participando activamente en la dictadura, al igual que todo el grupo que será la base fundacional de la UDI. Ellos no fueron sujetos pasivos insertos en una sociedad civil impotente ante la barbarie militar.
A más, ellos mismos se enriquecieron con el saqueo al patrimonio nacional así por ej. José Yuraszeck, UDI connotado, se hizo multimillonario con la privatización de las empresas eléctricas estatales.
A la hora de la verdad, en el plebiscito del 88 la derecha en su conjunto, sin deserción alguna, trabajó para que Pinochet mantuviera la dictadura por 8 años más.
Esa conducta se ha mantenido en el tiempo. Andrés Allamand, como ministro de defensa, informó al tribunal que investigaba la muerte del presidente Allende que la FACH no tenía los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda pues no tenía el registro de quienes eran pilotos de combate ni tenía sus hojas de servicio. Si esto no es encubrimiento yo soy el rey del tango.
La brutalidad con que las clases dominantes en una sociedad reprimen el cambio social, es algo que excede lo personal, aún cuando se tratara de reconciliaciones sinceras. La reconciliación sin memoria y sin castigo judicial y penal es seguro cheque a fecha a nuevos genocidios.
La oligarquía tiene un largo listado de crímenes como muestras de su acción política. Si alguna vez su autores en la cercanía del fin de sus días se arrepintieron ello no produjo ni podía producir un efecto disuasivo a nuevas matanzas.
Hay quienes se autocalifican de izquierda y que con frenéticos reconocimiento de errores, tan útiles a la hora de hacer la cola de los arrepentidos, se suman a este festival hipócrita de la reconciliación. Oportunismo y cobardía son compañeros inseparables de la lucha política. De qué se debe arrepentir la Unidad Popular: de las dos grandes modernizaciones de la historia de Chile, la nacionalización del cobre y la reforma agraria, y de un gobierno en pleno respeto a los DDHH ?.
En América Latina se impuso un reguero de dictaduras patrocinadas por EEUU, la escuela de torturadores de Panamá funcionaba a plenitud ya a comienzos de los 60, el ejército de “Chile” había masacrado miles de obreros (1907) cuando comunistas, socialistas y miristas no existían.
La izquierda no tiene porqué pedir perdón. Si hay un error es haber creído en la constitucionalidad de los militares y la derecha.
La única garantía de respeto a los DDHH en el futuro es que la oligarquía, dueña del poder económico,militar y los medios de prensa, sepa que si vuelve a las andadas no tendrá perdón ni olvido.
El futuro nos impone no perdonar ni olvidar.
La impunidad en Chile es parte del modelo neoliberal y el duopolio ha hecho consenso en ella y así se entiende que los hijos de personalidades asesinadas hayan sido indiferentes ante sus crímenes. Por ello los concertacionistas fueron a defender a Pinochet a Londres y les construyeron el Hotel de 5 estrellas de Punta Peuco a los criminales.
ROBERTO AVILA TOLEDO