Por 77 votos a favor, 19 en contra y 8 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de Comisión Mixta del proyecto sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas. La iniciativa modifica la Ley General de Servicios Eléctricos. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT obliga a consultar a los pueblos indígenas en materias que los afecten, acción que la Cámara decidió omitir.
Durante el tercer trámite en la Cámara, los diputados habían rechazado aquellas propuestas relativas al procedimiento de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT (consulta obligatoria a los pueblos indígenas en las materias que les afecten). El Senado había propuesto, en esta materia, eliminar la aplicación de este procedimiento en el proceso de concesiones provisionales.
Durante el análisis en Comisión Mixta, se acordó que primara el criterio del Senado en esta materia.
De la misma forma, se aprobó una la propuesta del Senado, respecto de la regulación de la determinación de las costas a que de lugar el arbitraje para la solución de controversias entre concesionarios.
Asimismo, se aprobó que toda vez que en un juicio posesorio sumario se ordene la paralización o suspensión de las obras, el concesionario pueda rendir una caución suficiente para responder de la demolición de las obras o de la indemnización de perjuicios, para así suspender los efectos de la orden de paralización.
A la vez se dispone el procedimiento para determinar el monto de la caución y la regulación sobre el pago de peritajes que se necesitarán para determinar el monto de la caución.
La Mixta también acogió el criterio del Senado respecto a la toma de posesión material de un predio por el que atraviesen líneas eléctricas. En este acápite se entrega al juez la facultad de recurrir a la fuerza pública para cumplir la autorización judicial que autoriza tomar posesión material del predio al concesionario, cuando hay oposición o moradores.
Protocolo de acuerdo
En forma previa a la votación del proyecto, el Ministro de Energía, Jorge Bunster, informó de un protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y los jefes de bancada PRSD, Carlos Abel Jarpa; UDI, Gustavo Hasbún; DC, Ricardo Rincón; PPD, Tucapel Jiménez; y RN, Pedro Browne.
El acuerdo consignó el compromiso del Ejecutivo de presentar un veto supresivo de las siguientes normas: Consulta indígena realizada después de la concesión, y antes de comenzar la construcción y de lo concerniente a las áreas silvestres protegidas, tras la votación ratificando el informe de la Comisión Mixta.
En términos generales, el proyecto en trámite dispone la simplificación del proceso de concesión provisional; adecua los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión; precisa las posibles observaciones y oposiciones que puedan formularse; mejora el proceso de notificaciones; establece procedimientos judiciales sumarios; introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión; modifica el procedimiento de tasación de los inmuebles; y establece que cualquier conflicto que se suscite entre titulares de diferentes tipos de concesión con un concesionario eléctrico, se resolverá a través de un procedimiento arbitral.
Adicionalmente, la iniciativa del Gobierno simplifica la entrega de una concesión definitiva, que debe presentarse ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con copia al Ministerio de Energía.
La propuesta debe ser ahora ratificada por el Senado, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley.