Salario y estrategias de ganancia empresarial en la minería privada y estatal del cobre

Durante años, el éxito de las exportaciones del llamado “Sueldo de Chile” (cobre), ha instalado la imagen de un sector productivo que trae beneficios indiscutibles para la economía nacional, silenciando el debate sobre la realidad de los trabajadores que allí se desempeñan, y sobre quiénes son los que se llevan realmente las ganancias. Por ello es justo preguntarse, ¿De qué sueldo hablamos exactamente?… ¿Y de qué Chile?

Primero es necesario considerar algunos datos. En el sector cuprífero, la fuerza laboral que asciende a 220.000 trabajadores en el país¹, presenta particularidades que la distinguen en situación, condiciones y proyecciones del resto de los trabajadores en Chile. La percepción positiva del aporte del sector, también se ha trasladado a un imaginario de buenas remuneraciones y beneficios para los trabajadores de la gran minería, teniendo como parámetro la figura en extinción de un trabajador con contrato estable, protección social y justa remuneración. No obstante, en el 2011 la subcontratación de las labores de la gran minería llegó cuando menos al 65%, y se proyecta en casi un 80% hacia el 2020, mientras que en otros países mineros los trabajadores que no son de planta apenas llegan al 30%. Paradójicamente en CODELCO, minera estatal, la subcontratación es mayor que en la minería privada² y además, la diferencia de los salarios entre la “dotación interna” y los “tercerizados” también es superior, ya que para idénticas labores los sueldos de los primeros triplican a los externos. El fenómeno es diferente en la minería privada donde las funciones que tienden a subcontratarse no son las faenas directamente productivas, sino más bien los servicios indirectos (como servicios de casino, aseo, etc.).

 

Para hablar de la relación entre la ganancia empresarial y los salarios (o más ampliamente, las condiciones laborales) de este sector, nuevamente debemos establecer algunas diferencias entre las mineras privadas y estatales, para luego indagar sus mecanismos comunes. En el primer caso, el principal problema de las mineras privadas desde el punto de vista de los trabajadores suele ser la enorme ganancia que las empresas se apropian, y el contraste con la remuneración de la fuente de dicha ganancia: el trabajo de los obreros. A partir del 2004 empezó el súper ciclo del precio del cobre, que ha traído enormes ganancias a las mineras. Pero más allá de las variaciones esporádicas ocasionadas por la oferta y la demanda mundiales del metal rojo, solamente se pueden explicar las ganancias sistemáticamente extraordinarias de estas compañías asumiendo que están pagando a los trabajadores muchas menos horas de trabajo diarias de las que los mineros dedican a producir el cobre, ya sean subcontratados o de planta. Todo minero debiera preguntarse en cuántas horas de trabajo generan el dinero que necesita la compañía para pagarles diariamente, y cuántas horas extra están utilizando para abultar los bolsillos de sus dueños y gerentes.

 

Como si no bastara con basar su éxito en salarios desproporcionadamente bajos, las grandes mineras privadas son expertas mundiales en evadir impuestos y mejorar sus ganancias con un sinnúmero de triquiñuelas legales e ilegales. Ejemplos hay de sobra: no declarar los minerales extra que obtienen de la roca además del cobre³, declaración de pérdidas que las eximen de pagar impuestos (que de paso, son de los más bajos del mundo), deducir impuestos de intereses exorbitantes a filiales extranjeras de la misma compañía, o simplemente declarando menos ganancias de las que realmente tienen, tributando sólo por lo que ellas mismas afirman ganar.

 

Ligeramente distinto es el caso de CODELCO. Ya que la ganancia de la empresa va –al menos en principio- directamente al Estado y a través de éste a todos los chilenos, los mayores conflictos suelen asociarse a la precariedad laboral, especialmente vinculada al régimen de subcontratación. ¿Pero qué es concretamente el mecanismo de la subcontratación? Más allá de su definición legal, es fundamentalmente un mecanismo para reducir costos en una empresa. La principal forma de entender que CODELCO prefiera asignar determinada tarea a una empresa contratista en vez de hacerla con sus propios trabajadores, es que la primera opción resulta más barata. ¿Y por qué resulta más barata? Básicamente porque al no ser sus propios trabajadores, hay una serie de beneficios que no debe asumir con ellos, y que sí debiera hacerlo si fueran de planta, como financiar los planes de salud, de retiro, educación y otros tantos. En la misma línea, le permite despedir y contratar sin problemas para aumentar o reducir la producción, arrojando masas de trabajadores a la incertidumbre e inestabilidad. Y como broche de oro, el mecanismo tiende a dificultar la organización sindical, obstaculizando huelgas, movilizaciones, etc.

 

El resultado de la subcontratación para CODELCO es, entonces, doble: por un lado, al pagar a empresas contratistas privadas (con fin de lucro) para que realicen determinada faena, hay un flujo de ganancias de la cuprífera estatal que va directamente a los bolsillos de esos empresarios intermediarios en vez de a los trabajadores; y por otro lado, lleva a una creciente cantidad de trabajadores de la minería a una situación de baja protección y malas condiciones laborales (y sindicales). De hecho, la lógica de la estatal es que para tener trabajadores de planta bien pagados y con muchos beneficios en funciones estratégicas de confianza, es necesaria la reducción de costos con las tercerizaciones.

 

Todo esto significa que existe una progresiva introducción de procesos completos de la minería estatal en una lógica mercantil, diluyendo el aporte al Estado, y convirtiéndose en suma en un cómplice de la captura empresarial de los recursos públicos. Porque la verdad es que si la ganancia privada que se llevan las empresarios contratistas se quedara en manos de CODELCO, se podrían mejorar en términos absolutos las condiciones laborales de todos los trabajadores sin grandes problemas.

 

Ahora podemos señalar lo que tienen en común las empresas mineras estatales y privadas: nada más y nada menos que la implementación sostenida y creciente de medidas para reducir sus costos. Los mecanismos pueden variar, aunque siempre tienen que ver con perjudicar a los obreros de algún modo, y deshacerse de la pesada carga de los derechos y beneficios que los trabajadores del cobre han logrado conquistar mediante sus luchas, y que lejos de desaparecer debieran extenderse a la totalidad de ellos. La ya clásica estrategia de despedir a trabajadores de planta usando como pretexto cualquier falta del código minero por pequeña que sea, y la obligación para los antiguos compañeros de trabajo de suplir esas funciones, aumentando su trabajo sin un aumento de sueldo, deben entenderse como parte de este contexto.

 

Bajo ese entendido, parece ser que las acciones y demandas sindicales deben considerar que muchas veces, los aumentos de salario acotados y restringidos a ciertos grupos de mineros que de cuando en cuando otorgan las empresas, no responderán a la benevolencia de sus dueños y gerentes, sino muy por el contrario a una estrategia para mantener la estabilidad de la producción del mineral, ante el riesgo de paralizaciones que podrían afectar no sólo a esta industria sino a toda la economía nacional⁴, teniendo como principales víctimas las ganancias empresariales privadas. A través de ello, podemos observar cómo la dicotomía entre las empresas públicas y privadas comienza desvanecerse cuando es el mismo Estado quien, mediante la privatización de sus áreas, actúa en favor de la ganancia empresarial. Podemos ahora retomar las preguntas del comienzo, constatando que bajo el manto del financiamiento de políticas públicas y sociales a través del Cobre, se esconde un persistente aumento de diferentes formas de explotación de los trabajadores.

 

Estas reflexiones vienen a interpelar fundamentalmente el rol de los trabajadores. El fortalecimiento de la organización sindical, tanto de trabajadores contratados como subcontratados, de mineras estatales o privadas que, a pesar de sus diferencias salariales y de condiciones laborales, se entienden como perjudicados por un mismo sistema, así como también la alianza con otros sectores estratégicos del país, se presenta como el elemento clave para la transformación de sus condiciones y la recuperación del sueldo del cobre para el Chile de los trabajadores.