Los medios de comunicación y la opinión pública en general difunden y se conmueven ante el asesinato del suboficial Daniel Silva y, por su parte, el gobierno lanza una nueva ley liberticida – lleva el nombre del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter – que, so pretexto de aumentar las penas a los encapuchados, persigue eliminar la libertad mínima, como es la de manifestarse reivindicando sus derechos ante la autoridad.
Hay un evidente doble estándar en el caso del aleve asesinato del comunero mapuche Rodrigo Melinao, en el sentido de que los medios de comunicación de masas apenas sí informan sobre este crimen y, además, se anticipan a negar el carácter presumiblemente terrorista de este luctuoso hecho. El fiscal, a mi modo de ver, actúa con excesiva prudencia – y como mapuches, a quienes se les persigue a sol y sombra -. Todos los asesinatos son condenables desde el punto de vista legal y moral – personalmente me repugna la violencia – pero yo condeno la manera injusta en que el Estado chilenos trata al pueblo mapuche y, por extensión, a todos los pueblos originarios.
Nuestra casta de plutócratas, mercachifles y políticos venales ha sido siempre racista, clasista y admiradora del nazismo – no en vano, los militares chilenos marchan al paso de ganso, y cualquier persona que asistiera, por casualidad, a estas desfiles, creería que está ante una película de la segunda guerra mundial -. Esta repugnante casta, que algún será expulsada del poder, no sólo margina al pueblo mapuche, sino también a los provincianos – ver el caso actual de Tocopilla y de otros tantos- y, podría decirse, son peores que los colonialistas borbónicos españoles.
El ejército chileno, en la llamada “pacificación de la Araucanía”, actuó como una banda armada terrorista y genocida, aplicando la tortura – como bien lo saben hacer y, posteriormente, lo probaron en la inicua dictadura del tirano y genocida, Augusto Pinochet – a miles de comuneros mapuches, despojándolos, además, de sus tierras. Pero si se compara el trato de que la corona española dio a los pueblos indígenas con el del Estado de Chile, la primera fue más respetuosa de los derechos humanos que el segundo.
Pienso que el Estado de Chile debiera ser condenado por las distintas instituciones internacionales y por la opinión pública mundial como un Estado etnocida, que mantiene a los pueblos originarios en un estado de miseria y de desprotección ante los abusos de los hombres armados – tanto de carabineros como de los colonos – así como de la penetración de las empresas forestales, propias de este capitalismo salvaje, cuyos empresarios actúan cual piratas, sin Dios, ni ley.
Tanto la Concertación como la Alianza han tenido políticas muy erróneas con respecto a los pueblos originarios – no se podía esperar nada mejor de una casta racista, con intereses creados y al servicio de las empresas forestales; la única solución que ven estos jerarcas es la represión y la aplicación de leyes liberticidas – por ejemplo, la antiterrorista -.
Del duopolio no se puede esperar que Chile reconozca ser un Estado multiétnico ni, mucho menos, multicultural – término más suave y ambiguo -, ni pensar en el reconocimiento del pueblo mapuche como una nación – como lo hicieron los españoles en la época del Padre Luis de Valdivia – , pienso que, al menos, en el Parlamento chileno debiera existir una representación proporcional de los pueblos originarios, pero aún esta mínima aspiración se hace imposible debido a la perpetuación de la actual casta en el poder, cuyas características se ven reflejadas en el más pérfido de los clasismos, racismos y centralismos.
Rafael Luis Gumucio Rivas
07/08/2013