Frente a la aprobación dada ayer por parte de la mayoría del Consejo Regional a la expansión de Santiago sobre las tierras agrícolas que la rodean, diversas organizaciones ecologistas manifestaron su decisión de continuar la defensa del patrimonio ambiental, ahora en instancias legales.
Luis Mariano Rendón, coordinador de “Acción Ecológica”, señaló hoy que “El Presidente Piñera puso a un actor del negocio inmobiliario, como es Echeverría, a cargo del ordenamiento territorial de la Región. O sea, puso al gato a cargo de la carnicería. Y como era de esperarse, el gato ha dado buena cuenta de las tierras agrícolas que rodean la ciudad para beneficio de los especuladores inmobiliarios. Sin embargo, aún no pueden cantar victoria, pues recurriremos a la Contraloría General de la República y a los tribunales para impugnar la legalidad de la resolución”, afirmó.
Sobre las bases para dicha impugnación, Rendón afirmó que tienen que ver con que el Gobierno decidió burlar la normativa ambiental creada para evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los planes de ordenamiento territorial. “Actuando como cualquier negociante sin escrúpulos, el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para sacarle el cuerpo a la normativa ambiental vigente. Contamos ahora con un instrumento diseñado especialmente para evaluar los planes de ordenamiento territorial, como es la Evaluación Ambiental Estratégica. Si aquí se actuara de buena fe, se habría utilizado dicho instrumento, pero como lo que prima es favorecer el negocio privado a costa del bien común, se ha rehuído su aplicación mediante resquicios que creemos, no se sostienen jurídicamente”.
Consultado sobre el argumento dado por el Gobierno en el sentido que se requería terreno para viviendas sociales, Rendón señaló que “resulta casi enternecedor ese argumento, a no ser porque sabemos que existe mucho terreno disponible dentro del actual límite urbano, y que comunas centrales, como Quinta Normal, Independencia o Recoleta, están sufriendo un proceso de despoblamiento. Si lo que primara fuera realmente el interés de beneficiar realmente a familias de menores recursos, entonces se desarrollarían planes de viviendas sociales en ese tipo de comunas, que cuentan con buena infraestructura y con buena accesibilidad. Estaríamos construyendo así una ciudad integrada socialmente, estaríamos edificando cohesión social. En lugar de eso, el Gobierno pretende instalarlos en la periferia. Eso, si algún día llegan a construirse efectivamente este 8% de terrenos que deberían destinarse a viviendas sociales. Los especuladores van a tener todos los incentivos para no construirlas y sacarle máxima plusvalía al 92% restante”.
Finalmente, el coordinador de Acción Ecológica manifestó que esta modificación del ordenamiento territorial, si llegara a concretarse, significaría no sólo un deterioro da la calidad ambiental en una región ya muy saturada, como es la Metropolitana, sino que también aumentar la ya patológica concentración de población y actividades económicas en Santiago, en desmedro de las posibilidades de un desarrollo más equilibrado del conjunto del territorio nacional