Brasil: La encrucijada de la movilización social

Hace exactamente dos años cuando el mundo aún no dejaba de sorprenderse ante los eventos suscitados a partir de la primavera árabe, seguida de las multitudinarias manifestaciones en Grecia, Portugal y de los “indignados” de España, un periodista del diario El País, Juan Arias, se preguntaba en dos artículos por qué en Brasil no existía un movimiento como el de los indignados, inclusive con todos los casos de corrupción que diariamente abarrotaban los noticiarios de radio y televisión.¹

 

Ante este escenario de aparente paralización y desidia en que todo acabaría en carnaval, fútbol y farándula, muchos se preguntaban efectivamente ¿por qué los brasileños no reaccionan ante la hipocresía y falta de ética de las autoridades, los empresarios y la clase política del país?

 

Una explicación común hasta hace pocos días, era que la vida de millones de brasileños ha mejorado en los últimos diez años, desde que asumió el presidente Lula y el partido de los Trabajadores (PT) en 2003. El conjunto de programas de transferencia directa de renta desde el Estado – como Bolsa Familia o Fome Zero – significó que 30 millones de pobres abandonaran esa situación y pasaran a incorporarse a la llamada “nueva clase media” brasileña. Por otra parte, el PT también montó una exitosa red de cooptación de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles, a través de millonarios traspasos de fondos desde el gobierno central para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) o el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), aparte de un conjunto enorme de agrupaciones vecinales, afro-brasileñas (quilombolas), indígenas, sin techo, etc. Algunos analistas llegaron a apuntar que este vasto conjunto de movimientos y entidades fueron comprados con el dinero de todos los brasileños. La corrupción y el desvío de recursos del Estado parecieron naturalizarse como una práctica rutinaria para la mayoría de los habitantes de este país.

 

Sin embargo, las cifras parecen indicar que Brasil se encuentra al final de un ciclo económico asentado en el incremento del consumo por medio de la expansión del crédito e igualmente estimulado por las políticas de transferencia directa desde el gobierno.² Esto trajo un aumento considerable de las importaciones y un déficit en la balanza comercial. Ello se ha sumado a la baja inversión de los últimos años con un significativo aumento del sector primario-exportador (soja, madera, carne, minerales) lo que ha generado un proceso de reprimarización de la economía. A su vez, también existe un evidente deterioro del ciclo político inspirado en el llamado “Lulismo”, es decir, la adhesión de los sectores populares al liderazgo del un líder carismático como Lula, en la cual se combinan estrategias orientadas hacia el mercado con la inclusión vía consumo y políticas sociales de los segmentos más pobres de la población. Y no es un dato irrelevante que a pesar de todo este esfuerzo asistencialista, Brasil continua siendo actualmente uno de los países con mayores niveles de desigualdad.

Por lo mismo, se puede sostener hoy día que “Eppur si mouve”- tal como Galileo lo hiciera algunos siglos atrás. En efecto, las protestas que surgieron un poco tímidamente a comienzos de junio por la disminución de la tarifa del transporte público, fueron adquiriendo una expresión multitudinaria en las siguientes jornadas, llegando a movilizar a más de un millón de personas en todo Brasil el día viernes 22 del mismo mes. Convocados por el “Movimiento Pase Libre” (MPL), originalmente para protestar por el alza de los pasajes de la locomoción colectiva, las manifestaciones fueron sumando demandas en un amplio espectro, que incluyen temas como el combate de la corrupción, el mejoramiento de los servicios y equipamientos públicos, la critica a los gastos excesivos realizados en la construcción de estadios con “padrón” FIFA, contra los salarios millonarios de jueces, diputados y senadores y un largo etcétera que estalló de improviso o, según decía un analista, fue como el genio que salió de la botella después de largos años de reclusión.

 

Pero al calor de las manifestaciones, la crítica a los partidos y a la clase política fue tomando rasgos de fraccionamiento, pues algunos grupos que se incorporaron a las marchas lo hicieron por diversos y contradictorios motivos. En las calles aparecieron de improviso otros temas enarbolados por segmentos más conservadores, llegando inclusive a comparecer grupos neonazis que portaban carteles con la suástica y en donde se pedía el retorno de los militares para “moralizar” las instituciones del país.

 

En este momento las orientaciones del descontento son muchas y contrapuestas, generando a veces una sensación de desorden incontrolable, tanto por las autoridades como los propios convocantes originales, el Movimiento Pase Libre. Es lo que los especialistas en redes llaman de swarming (enjambre), es decir, una situación en la cual distintos grupos y tendencias desarticuladas o no coordinadas entre sí van generando una acción in crescendo y, en la mayoría de las veces, con un aumento en el grado de beligerancia y violencia. La pulverización de reivindicaciones transformó al movimiento de descontento en un amplio campo de exigencias y disputas, con enorme dispersión y sobretodo sin un liderazgo claro que pudiera conducir los causes de las movilizaciones. Este fenómeno se vio acentuado con el uso de las redes sociales que permite la confluencia al mismo tiempo de demandas y manifestaciones levantadas desde diversos sectores, sin una organización jerárquica en la cual existen militantes que siguen a un determinado líder o comité hacia una determinada dirección.

Por su parte, el gobierno central y los gobiernos estaduales en un principio apelaron al uso de la fuerza para el restablecimiento del “orden”, observándose escenas de represión y truculencia por parte de la policía para reprimir a los manifestantes. En su último pronunciamiento al país, la presidenta Dilma Rousseff señaló su mejor disposición para abrir un diálogo con los representantes del movimiento e inclusive apuntó sobre la urgencia de realizar una reforma del sistema político brasileño a través de un plebiscito para convocar a una asamblea especifica que aborde esta cuestión. El problema es que para ello se necesita una enmienda constitucional que puede demorar meses o años en el parlamento y en que tampoco están claros los términos de dicha convocatoria y del papel que debiera desempeñar la propia asamblea. La propuesta de los manifestantes es que cambie la forma en que se toman las decisiones por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, generalmente a espaldas de los ciudadanos y que dichas decisiones sean acompañadas y monitoreadas por la población, aumentando efectivamente el grado de accountability de la clase política. Otro tema relevante dice relación con el financiamiento de las campañas por parte del Estado, de las empresas o de las propias entidades políticas.

 

De cualquier manera, las manifestaciones hicieron patente que los endémicos problemas de desigualdad existentes en Brasil no se resolverán con la política asistencialista y de transferencia directa implementada por las sucesivas administraciones del PT. Si consideramos que un leit motiv contundente de las movilizaciones es la insatisfacción generalizada sobre un conjunto de temas que se han ido acumulando en el transcurso de la última década y más, podemos vislumbrar que la salida al actual momento no pasa por la profundización de la política social diseñada desde arriba por el Palacio de Planalto. El gesto de la presidenta Rousseff de sentarse con los representantes del movimiento para discutir sus demandas es un primer paso para avanzar en un intercambio fructífero con el resto de la ciudadanía, pero es ciertamente insuficiente.

 

A su vez, el movimiento también tiene que definir una pauta jerarquizada de temáticas para ser llevadas a la discusión, realizando una priorización de asuntos y estableciendo una plataforma de propuestas o posibles soluciones para cada uno de ellos y en diversos horizontes temporales. Esa es a nuestro entender la encrucijada por la que atraviesa actualmente el movimiento. La posibilidad de colocar demasiados problemas para ser resueltos en el corto plazo puede llevar a la inmovilidad y la parsimonia en la búsqueda de soluciones, creando una percepción de fracaso que comprometerá ciertamente la fuerza del movimiento.

 

Además, estas movilizaciones deben ayudar a profundizar la participación democrática de diversos actores y agrupaciones – incluidos los partidos – manteniendo siempre la autonomía y distancia necesaria para no ser instrumentalizados y cooptados por las estructuras partidarias. Así también, se debe resguardar el carácter político del movimiento, desechando aquellas consignas anti-partidarias y anti-políticas que han sido introducidas por grupos filo-fascistas infiltrados en las calles y plazas donde se expresan los anhelos de la población.

 

Lo que sucederá a partir de ahora continúa siendo una incógnita y es difícil prever los posibles desdoblamientos que traerán las manifestaciones. Lo que parece ser un consenso del conjunto de los habitantes, es que ni el gobierno ni los partidos políticos estaban preparados ni tienen las respuestas para el estallido popular que se desató en las principales ciudades. Lo segundo es que Brasil ya no será el mismo después de lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas. Quizás una apuesta sea pensar positivamente que la energía transformadora que se ha apropiado del territorio en este periodo sea reconducida hacia la construcción colectiva de una agenda de problemas y sus eventuales respuestas a corto, mediano y largo plazo, para superar finalmente el espectro de miserias y desigualdades que aquejan desde tiempos remotos a los habitantes de este país-continente.

 

 

*Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Investigador de CLACSO.