La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, integrada por los ministros Hernán González García, Vicente Fodich Castillo y Juan Carlos Alvarez, dejó sin efecto la resolución que ponía término a la investigación sobre el destino del detenido desaparecido Ruperto Oriol Torres sin responsables identificados y sancionados.
El 13 de Octubre de 1973 fue citado por carabineros y se presentó al retén de Catillo donde ya habían cuatro ciudadanos más detenidos bajo acusaciones políticas. A su acompañante le devolvieron el caballo y las espuelas y nunca más se supo de él.
La actual investigación, que parte a fines de 2010, se origina en la aparición de restos y vestimentas humanas, y todo indica que podrían pertenecer a este detenido-desaparecido en el Retén de Carabineros de Catillo. Hay varias declaraciones de trabajadores que confirman el hallazgo y ocultamiento de estas osamentas por parte del contratista de la obra Erwin Ximenes Andia Pereira, quien con posterioridad ha justificado ante testigos que su actitud se debió para evitar paralizar la obra, que significaba una multa de 180 mil pesos diarios más otras pérdidas anexas,.
La tesis sostenida por el abogado Avila en la Corte, y aceptada por ésta, fue que la causa se encuentra policialmente aclarada desde el informe de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones entregado al tribunal en Noviembre de 2010 y que el derecho tiene instrumentos para poner fin a un evidente encubrimiento de la verdad.