La decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de reunirse ayer en la Casa de Nariño con el fascista venezolano Capriles Radonski es un grave error político que muestra que la oligarquía santanderista todavía no está preparada para adaptarse a las realidades de un mundo multipolar.
Santos, al recibir al instigador de una ola de violencia golpista que cobró 11 vidas humanas tras las elecciones del 14 de abril en Venezuela (y contra quien pende una investigación de la justicia por esos hechos), en la práctica desconoció unos resultados electorales que previamente había reconocido, violó su entendimiento con Venezuela de al menos respetar el orden institucional de la V República, puso en riesgo el Proceso de Paz que lleva adelante con la guerrilla (y del que Venezuela es uno de los principales garantes), y, lo que es muy grave, fue en contra de un consenso existente en la CELAC y UNASUR de no aceptar el golpismo fascista.
En realidad, Juan Manuel Santos está sometido a fuertes presiones, por un lado, de los sectores oligárquico-militares dependientes del narcoparamilitarismo y del Plan Colombia estadounidense, y por otro lado, de la propia Casa Blanca.
El narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez, que aspira a regresar a la Casa de Nariño, desde hace tiempo lleva adelante una despiadada campaña contra Santos de cara a las elecciones del año que viene. Por otro lado, encuestas de los propios medios de la oligarquía colombiana agitan con una supuesta pérdida de popularidad de Santos a causa de esa campaña, que ha concentrado su fuego en boicotear las conversaciones de paz, en sabotear la mejora de las relaciones con Venezuela impulsadas por Santos y explotar fracasos colombianos, como el fallo adverso a sus intereses en el Caribe en el juicio impulsado por Nicaragua en La Haya.
A su vez, los Estados Unidos impulsan la Alianza del Pacífico, un esquema de “libre comercio” con los objetivos de “contener” el avance de China en el mercado mundial y de destruir el proceso de integración latinoamericana expresado en el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC y el ALBA. En ese esquema, la Casa Blanca quiere imponer una versión del fenecido ALCA con el apoyo de sus aliados a ambos lados del Pacífico. Además del impulso de la Alianza del Pacífico, los Estados Unidos pretenden, obviamente, destruir el proceso revolucionario venezolano.
El costo político de haber recibido a Capriles es muy alto para Santos. Si creía que los sectores manejados por Uribe lo van a dejar en paz luego de deteriorar de esta forma sus relaciones con Venezuela y con los países más pujantes del proceso de integración latinoamericana, se equivoca, puesto que el verdadero objetivo de Uribe es el de destruir el proceso de paz con la guerrilla, destruyendo al propio Santos en el proceso.
Son esos sectores representados por Uribe, los que se benefician directamente del 6% del PIB colombiano que se destina a la guerra, para no hablar de los cuantiosos ingresos del narcotráfico. Por otro lado, el comercio de Colombia con Venezuela asciende a varios miles de millones de dólares, tal vez unos 6.000, y se calcula que un 40% de las exportaciones colombianas a Venezuela consiste en compras del Estado socialista bolivariano.
Además, Santos parece ignorar que en Colombia también existe una opinión favorable hacia Venezuela que justamente ayer se hizo oir en las calles tan pronto se conoció de su reunión con Capriles. Es la misma opinión que reclama los cambios que ahora se están discutiendo en el proceso de paz en La Habana y que, de no ver satisfechas sus esperanzas de unas reformas democráticas mínimas que permitan poner fin a la violencia, mantendrán los niveles de conflictividad (desde la lucha armada hasta la lucha social de todo tipo), que motivaron a Santos a sentarse a la mesa de negociaciones en primer lugar.
Si Santos cree que puede agredir a Venezuela y al mismo tiempo mantener un status quo que le permita el flujo de las inversiones del otro lado del Pacífico y dentro de la región, sobreestima tanto la fortaleza del eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, como el pragmatismo de China. Los países sudamericanos no aceptarán que se rompa el consenso existente en torno a la vigencia del orden democrático que Santos violó al recibir a un golpista como Capriles. Por otro lado China, a pesar de su pragmatismo, no se resignará a ver cómo los Estados Unidos impunemente desestabilizan una de sus fuentes más importantes de recursos naturales.
En realidad, el problema no es de Santos, sino de la escasa capacidad de la oligarquía colombiana para afrontar el reto del declive de Occidente y del surgimiento de un mundo multipolar. O sigue prendida a la teta del Pentágono, manteniendo sus privilegios pero viendo caer las tasas de beneficio y perdiendo cada vez más autonomía a manos de los intereses transnacionales junto a los que probablemente acabe hundiéndose, o acepta realizar cambios a lo interno y de cara al exterior que prolonguen su existencia aunque la amenacen de muerte en el largo plazo. Son decisiones difíciles de tomar, especialmente para una clase social tan reaccionaria y atrasada como la colombiana.
Es posible que al ver las consecuencias de su desliz con Capriles, Santos termine por dar marcha atrás. Esperemos que la mayoría de la oligarquía colombiana se de cuenta de que es mejor impulsar los cambios antes de que la realidad de las cosas los impulse por su cuenta.