Un llamado a la ciudadanía a fiscalizar la acción parlamentaria en torno a la discusión del proyecto que agiliza las concesiones eléctricas – que el Senado retomará luego de la cuenta presidencial del 21 de Mayo- hizo hoy el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), que impulsa la campaña Patagonia sin Represas.
La organización, que reúne a más de 70 agrupaciones de Aysén, Chile y el extranjero, ha seguido cerca la tramitación de la iniciativa legal que ya fue aprobado en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y que el mundo social y ambiental califica, junto a la Carretera Eléctrica Pública, de un “traje a la medida para HidroAysén”.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, señaló que la ciudadanía debe estar alerta a las modificaciones que se están impulsando en la Cámara Alta, porque de aprobarse el proyecto como está entregaría concesiones a perpetuidad, no consideraría la consulta previa del Convenio 169 y tampoco respetaría las áreas silvestres protegidas. Para Liberona la iniciativa también presenta serios problemas en relación a quienes se pueden oponer al establecimiento de una concesión eléctrica, “en definitiva, el actual proyecto de ley para agilizar la obtención de concesiones eléctricas está hecho para perpetuar el sistema energético/eléctrico vigente, que no permite la incorporación de nuevos actores”, alertó.
Bajo este escenario y en días claves para decidir las modificaciones a la norma, Liberona hizo un llamado a los senadores a ser cautelosos sobre el texto legal que van a discutir, “pues hemos visto como en el Parlamento hablan diversos expertos sobre la necesidad de mejorar el actual sistema de concesiones eléctricas, sin incorporar resguardos ambientales y el respeto a la consulta previa, en definitiva se pretende llevar adelante una normativa incluso más neoliberal que la actual”, precisó.
A pesar de la premura que el gobierno había dado a esta iniciativa, el alto número de indicaciones (cerca de 170) que presentaron los senadores -principalmente en torno a la vulneración de derechos de comunidades indígenas, áreas protegidas, entre otros- ha significado que la discusión en particular se aplace, lo que permite que los parlamentarios de la comisión unida de Energía y Minería de la Cámara Alta puedan analizar todas sus implicancias para votar en conciencia.
Esta llamada “Ley HidroAysén” ha generado amplio rechazo en el mundo ambiental debido a que allanaría camino al cuestionado proyecto hidroeléctrico, al facilitar la tramitación del trazado que la empresa necesita para trasladar la energía desde la Patagonia-Aysén hacia el norte. El llamado del CDP es a que “los senadores no permitan la aprobación de una ley con artículos que profundizan los excesivos privilegios del sector eléctrico, por sobre los derechos de todos los chilenos y chilenas”.
Los 6 principales cuestionamientos del CDP al texto de Ley de Concesiones son:
1. Vulnera los derechos de comunidades indígenas y las áreas protegidas: Limita la posibilidad de presentar oposiciones para proteger intereses colectivos sólo a quienes sean “dueños de propiedades afectadas u otros interesados”. Con esto pretenden esquivar el concepto de territorio indígena y el imperativo de consulta a los pueblos originarios establecido en el Convenio 169 de la OIT. Tampoco salvaguarda la protección de las áreas silvestres protegidas ni considera mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades sean consultadas en este ámbito.
2. Limita el derecho de propiedad de millones de chilenos: Otorga al proponente el status privilegiado de concesionario eléctrico por el solo hecho de iniciar el trámite de concesión, dándole automáticamente derechos preferentes en desmedro de otros sectores de la economía y de la población en general.
3. Permite dividir la solicitud de concesiones: Permite fraccionar la solicitud de concesión, lo cual va en contra del principio de indivisibilidad de los proyectos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente y sus normas complementarias. Así, pretenden aprobar concesiones eléctricas por partes, evitando el análisis de efectos acumulativos, restringiendo al máximo las legítimas oposiciones.
4. Restringe las causales de reclamación de los afectados: Reduciéndolo solo a aspectos meramente formales: por ejemplo, que se identifique erróneamente el predio o el propietario afectado por la concesión; que la franja de seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de concesión.
5. Pone la fuerza pública al servicio del negocio eléctrico: Apunta a establecer que se entregará posesión material de los terrenos al concesionario, con apoyo de la fuerza pública si fuere necesario, aunque aún existan reclamaciones pendientes sobre la tasación de los mismos.
6. Consolida la abusiva concentración del sector eléctrico a perpetuidad: Dejaría en una situación extremadamente vulnerable a las personas y territorios afectados por las concesiones eléctricas, las cuales durarían para siempre. El principal beneficiario sería el proyecto HidroAysén, cuyo consorcio está a la espera que el Parlamento le pavimente el camino para los dos mil kilómetros de torres que quieren instalar a través de medio Chile.