Las informaciones publicadas ayer en los medios de prensa nacionales donde se denuncia la posibilidad de que Chile venda agua dulce a Qatar y la posterior respuesta del gobierno señalando que no se está gestionando ningún tipo de venta del recurso sino que es un trato entre privados son un aviso preocupante. Con esto queda en evidencia el desinterés por resguardar el interés público ante la posibilidad de la exploración de un nuevo nicho de negocio.
Chile hoy tiene una de las crisis hídricas más graves en su historia. Las cuencas del centro norte han sido vaciadas para favorecer los procesos productivos de las inversiones mineras privadas, afectando la agricultura y el consumo de agua dulce; en el centro del país las distribuidoras de agua acuerdan con multinacionales la entrega de agua para proyectos energéticos mientras se afecta el acceso al agua a miles de habitantes.
Marcel Claude, candidato a la presidencia, dijo ayer que “es detestable que representantes del gobierno de Chile se presten como facilitadores de acuerdos que permitan traficar con el recurso natural más importante con el que podemos contar. Es impresentable que desde el gobierno no se dé una señal en contra del negocio que se pretende instalar con el agua, sino que valide la posibilidad de que privados puedan lucrar con un recurso que nos pertenece a todos y todas”.
Cabe señalar que esta situación no es responsabilidad única de esta administración ya que durante 20 años la Concertación se privatizó la administración y distribución de agua, con las consecuencias que hoy vemos.
Esta situación, dijo Claude, representa claramente los intereses de una clase política que se encuentra enlazada con el interés privado al punto de callar y ocultar transacciones que afecten el desarrollo pleno de la comunidad.
“No podemos permitir que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Para ello es urgente llevar a cabo las transformaciones que conviertan a los recursos naturales de productos transables a bienes de interés público”.