La revelación acerca del dinero que Corpesca, la mayor compañía pesquera chilena, transfirió a la diputada Marta Isasi, quién voto a favor de la Ley Longueira que privatizó las cuotas pesqueras en favor de siete familias de industriales, está generando la transversal demanda de revisar y revertir esta normativa, pero también la necesidad de que parlamentarios informen acerca del financiamiento que reciben de empresarios, especialmente todos los legisladores de zonas costeras.
La transferencia de dineros de Corpesca a la diputada Isasi fue revelada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) que informó que Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca -la principal empresa beneficiadas por la denominada Ley Longueira y propiedad del poderoso grupo Angelini-, admitió haber pagado al ex asesor de esta diputada, Georgio Carrillo Vercellino, una cifra de 25 millones de pesos.
Carrillo reconoció esta situación el jueves 9 de mayo, en la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, donde el ex asesor informó sobre el mal uso de dineros correspondientes a asignaciones parlamentarias, para luego develar haber recibido $25 millones de la principal empresa pesquera del Grupo Angelini.
A través de supuestos “estudios”, según lo que denuncia Carrillo, la parlamentaria obtuvo estos dineros de manera previa a su reelección como diputada por la zona pesquera de Iquique. Actualmente se investigan cuáles fueron los montos totales que le entregó el Grupo Angelini a Isasi.
Corpesca es la mayor empresa pesquera industrial chilena, al controlar monopólicamente las capturas en el norte del país -incluida la zona marítima en disputa internacional con Perú-, y procesar alrededor del 25% del total de la pesca pelágica capturada en Chile, sexto país en volumen de desembarques pesqueros del planeta.
Pescadores de Los Lagos: La ley Longueira hay que rechazarla
Luego de conocida la noticia de que dineros de empresas pesqueras fluyeron hacia esta parlamentaria, el presidente de los pescadores artesanales agrupados en Corepa de la Región de Los Lagos, Jorge Bustos, afirmó que la Ley Longueira “hay que rechazarla”.
En declaraciones a Radio Bio-Bio, Bustos también denunció a otros diputados que habrían sido influenciados por empresas pesqueras. “Si aquí se empieza a realizar una investigación más a fondo, no es casualidad el tema de la Clemira Pacheco, diputada por la Octava Región, y el señor (diputado) Campos, también de la Octava Región,y muchos otros diputados que defendían a brazo partido esta ley”, dijo el dirigente de los pescadores.
Bustos agregó que hubo dirigentes pesqueros artesanales que “firmaron este tema, y hoy son también beneficiados por este tipo de proyectos. No nos vamos a quedar callados. Nosotros denunciamos en su minuto”, dijo el representante de Corepa.
Coima empresarial para arrebatar el patrimonio pesquero nacional
Esta “punta del iceberg” en el proceso de corrupción empresarial sobre el sector parlamentario tuvo resultados concretos. Durante la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la ley de pesca, la diputada Isasi, junto a parlamentarios, especialmente de las regiones pesqueras -entre los que se incluyen los diputados Clemira Pacheco (PS), Marisol Turres (UDI), Gustavo Hasbún (UDI), Jorge Tarud (PPD), y los senadores Hosaín Sabag (DC), Fulvio Rossi (PS) y Jorge Pizarro (DC), entre otros votaron en contra del inciso que establecía que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del patrimonio pesquero de la Nación, y sobre los cuales se establecen permisos o autorizaciones de captura.
En la tramitación de la Ley de Pesca además existió la votación de parlamentarios con graves conflictos de interés y tener propiedad de acciones en las empresas beneficiadas tales como Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI), Jose Luis García -Huidobro (RN) y Andrés Zaldívar (DC).
Ley Longueira es Injusta y corrupta
Frente a la confesión de Corpesca de financiar a la diputada Isasi, el Centro Ecocéanos señaló que “se ha comenzado a abrir la caja de Pandora de la pesca y acuicultura industrial chilena. Esto demuestra la veracidad de las denuncias públicas presentadas por las organizaciones agrupadas en la Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, pueblos originarios y el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), advirtiendo sobre un proceso parlamentario corrupto e ilegítimo, realizado con graves vicios de forma y fondo”.
Ecocéanos señaló que “la aprobación de la Ley Longueira violó ex-profeso el Convenio 169 de la OIT, al no realizar la consulta previa y obligatoria a los pueblos originarios, invisibilizándolos y despojándolos de sus derechos de acceso y usos de los recursos hidrobiológicos”.
Unidad y Acción para una nueva gobernabilidad democrática en nuestro mar
El affaire “Isasi-Corpesca” en el contexto de la aprobación de la ley Longueira representa para Ecocéanos, “la evidencia de que el Estado chileno, el parlamento y los partidos políticos se encuentran secuestrados por los intereses corporativos de los grupos que controlan la industria pesquera y de acuicultura, así como el sistema financiero y bancos acreedores”.
Esto “justifica y respalda el fortalecimiento de la alianza entre ciudadanos organizados, pescadores artesanales, pueblos originarios, estudiantes y académicos para promover el rechazo de la actual ley de pesca mediante acciones de desobediencia civil, y demandar su revisión, dadas las condiciones de corrupción, conflictos de interés y violación de acuerdos internacionales, en que fue impuesta esta normativa”.