El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas entregó su “su claro y firme respaldo a la demanda de la revista Punto Final contra el Estado de Chile -representado por el Consejo de Defensa del Estado – por la discriminación de que son objeto los medios de información independientes en la distribución de la publicidad estatal”.
Según señala el documento del Consejo metropolitano, “en nuestro país, el 77% del avisaje del gobierno central beneficia a los consorcios de El Mercurio y Copesa, que controlan más del 90 % de la prensa escrita, situación que lesiona gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libre competencia, en el ámbito editorial”. La ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información, establece claramente que “se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación”.
Por tanto, dice que “para garantizar la libre competencia y el pluralismo de información y opinión en Chile, es importante asegurar un acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes del avisaje publicitario. Ello, está consagrado por la Constitución Política en el artículo 19º, Nos. 12, 21 y 22; el artículo 19° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Si el Estado no garantiza el ejercicio de los derechos y garantías individuales, entre ellos, la libertad de expresión y el derecho social a la información, los consorcios periodísticos continuarán imponiendo un discurso noticioso de carácter hegemónico, orientado a cautelar determinados intereses políticos y económicos”.