Los arquitectos Eduardo San Martín y Gonzalo Mardones han anunciado, con características de escándalo, que acusarán al arquitecto Abraham Senerman de apropiarse del proyecto de 3 torres de 23 pisos c/u, elaborado por aquellos, para que el directorio del Club Deportivo de la Universidad Católica pudiera vender el Estadio Santa Rosa de Las Condes al mejor postor del mercado. El conflicto que todavía no llega a los tribunales de justicia está radicado en el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos.
Haciendo un poco de historia tenemos que recordar que el terreno en donde se levantarán las 3 torres es un área verde denominada Parque Metropolitano Río Mapocho porque está localizado en su ribera sur, al lado de la Embajada de EEUU. Se trata de 6 has. que le fueron regaladas, mediante escritura pública de Septiembre de 1970, por el Estado de Chile a la Pontificia Universidad Católica, con el exclusivo propósito de que se usaran en actividades deportivas de los socios del club de esa casa de estudios. Para ello se conformó una Fundación que respetó la obligación modal hasta el año pasado.
En efecto, a partir del año 2001 los diestros directores de ese club deportivo sacaron cálculos económicos y para aprovechar el boom inmobiliario en esa zona lograron que el Minvu y la Municipalidad de Las Condes, con artificios interpretativos, accedieran c/u en su rol, a autorizar la construcción de las mentadas torres. El arquitecto San Marín, por cuenta de esos directores, tuvo que emplear todos sus conocimientos e ingenio para que el Minvu modificara el art. 2.1.31. de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y así se posibilitara la consecución del permiso de edificación, requisito sine qua non para que algún actor inmobiliario comprara el predio.
Hace un año atrás Senerman, con los controladores de Falabella, compraron las 6 has. en 35 millones de dólares, a sabiendas que su proyecto inmobiliario lo iba a desarrollar en el 20% de la superficie del terreno, ya que así está estipulado en esa Ordenanza cuando las áreas verdes no están consolidadas. Curiosamente el Estadio Santa Rosa de Las Condes sí estaba materializado como tal, porque en sentido contrario no se hubiera justificado que el Servicio de Impuestos Internos nunca le haya cobrado contribuciones de bienes raíces : las áreas verdes están exentas de este tipo de impuesto.
La Contraloría General de la República , a nuestro requerimiento, había rechazado el procedimiento utilizado por los servicios públicos que, como vimos, consintieron en darle luz verde al negocio. Pero, a pesar de la solidez del dictamen del ente fiscalizador, los tribunales superiores de justicia, acogiendo un rebuscado recurso de protección de ese club, también con otro artilugio, dejaron sin efecto la resolución de la Contraloría.
En sede jurisdiccional se ha inventado la fútil teoría de que la Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos, relegándola solo a un control formal de los mismos, con lo cual se le coarta su función a favor de la probidad y del apego a la ley.
Ahora bien, estimamos que esta controversia es artificial porque San Martín y Mardones lograron que las instituciones públicas accedieran a sus deseos y por ello Las Condes otorgó un permiso de edificación a nombre del club deportivo UC y ya recibieron sus honorarios. Senerman, debido a que sus colegas hicieron un buen trabajo para favorecer a su mandante con una elevada plusvalía, compró el sitio en un precio de mercado para edificar sus torres y no las torres diseñadas por los anteriores.
Para nosotros es un misterio que las torres sean de 23 pisos, en circunstancias que la altura máxima de edificación en Las Condes son 15 pisos, pero como el asunto ya está resuelto por la Corte Suprema que validó lo que hizo la Católica y como retrotraer la operación es imposible, en un tiempo más tendremos más torres en Sanhattan y los socios de Santa Rosa de Las Condes tendrán que irse a otros lugares más lejanos para practicar sus deportes favoritos.
Al respecto debemos tener presente que si el permiso de edificación se hubiera otorgado para que se construyeran las torres con el número de pisos que autoriza la regulación urbana, es decir, con menos, Senerman le habría pagado a los dueños del terreno una menor suma de dinero y si el Minvu no hubiera modificado la Ordenanza el terreno no tendría precio comercial. Como vemos, en esa operación mercantil, todo es cuestión de lo que se puede edificar en esa área verde, irresponsablemente desprotegida por el Estado.
Ante tal lenidad pública nos gustaría que el Colegio de Arquitectos, en lugar de analizar las peleas de sus adscritos, investigara a fondo porqué el Estado, desentendiéndose de su deber, no preservó esa área verde metropolitana y porqué no le exigió al privado el cumplimiento de la donación modal. Esto es lo importante y no las escaramuzas llevadas a su Tribunal de Ética, ante el cual nos ponemos a su disposición para que indague porqué los arquitectos del Minvu, con el objetivo de entregarle un traje a la medida del Club Deportivo de la UC , redactaron un Decreto Supremo firmado por Jaime Ravinet para cambiar la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
En efecto, a partir del año 2001 los diestros directores de ese club deportivo sacaron cálculos económicos y para aprovechar el boom inmobiliario en esa zona lograron que el Minvu y la Municipalidad de Las Condes, con artificios interpretativos, accedieran c/u en su rol, a autorizar la construcción de las mentadas torres. El arquitecto San Marín, por cuenta de esos directores, tuvo que emplear todos sus conocimientos e ingenio para que el Minvu modificara el art. 2.1.31. de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y así se posibilitara la consecución del permiso de edificación, requisito sine qua non para que algún actor inmobiliario comprara el predio.
Hace un año atrás Senerman, con los controladores de Falabella, compraron las 6 has. en 35 millones de dólares, a sabiendas que su proyecto inmobiliario lo iba a desarrollar en el 20% de la superficie del terreno, ya que así está estipulado en esa Ordenanza cuando las áreas verdes no están consolidadas. Curiosamente el Estadio Santa Rosa de Las Condes sí estaba materializado como tal, porque en sentido contrario no se hubiera justificado que el Servicio de Impuestos Internos nunca le haya cobrado contribuciones de bienes raíces : las áreas verdes están exentas de este tipo de impuesto.
La Contraloría General de la República , a nuestro requerimiento, había rechazado el procedimiento utilizado por los servicios públicos que, como vimos, consintieron en darle luz verde al negocio. Pero, a pesar de la solidez del dictamen del ente fiscalizador, los tribunales superiores de justicia, acogiendo un rebuscado recurso de protección de ese club, también con otro artilugio, dejaron sin efecto la resolución de la Contraloría.
En sede jurisdiccional se ha inventado la fútil teoría de que la Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos, relegándola solo a un control formal de los mismos, con lo cual se le coarta su función a favor de la probidad y del apego a la ley.
Ahora bien, estimamos que esta controversia es artificial porque San Martín y Mardones lograron que las instituciones públicas accedieran a sus deseos y por ello Las Condes otorgó un permiso de edificación a nombre del club deportivo UC y ya recibieron sus honorarios. Senerman, debido a que sus colegas hicieron un buen trabajo para favorecer a su mandante con una elevada plusvalía, compró el sitio en un precio de mercado para edificar sus torres y no las torres diseñadas por los anteriores.
Para nosotros es un misterio que las torres sean de 23 pisos, en circunstancias que la altura máxima de edificación en Las Condes son 15 pisos, pero como el asunto ya está resuelto por la Corte Suprema que validó lo que hizo la Católica y como retrotraer la operación es imposible, en un tiempo más tendremos más torres en Sanhattan y los socios de Santa Rosa de Las Condes tendrán que irse a otros lugares más lejanos para practicar sus deportes favoritos.
Al respecto debemos tener presente que si el permiso de edificación se hubiera otorgado para que se construyeran las torres con el número de pisos que autoriza la regulación urbana, es decir, con menos, Senerman le habría pagado a los dueños del terreno una menor suma de dinero y si el Minvu no hubiera modificado la Ordenanza el terreno no tendría precio comercial. Como vemos, en esa operación mercantil, todo es cuestión de lo que se puede edificar en esa área verde, irresponsablemente desprotegida por el Estado.
Ante tal lenidad pública nos gustaría que el Colegio de Arquitectos, en lugar de analizar las peleas de sus adscritos, investigara a fondo porqué el Estado, desentendiéndose de su deber, no preservó esa área verde metropolitana y porqué no le exigió al privado el cumplimiento de la donación modal. Esto es lo importante y no las escaramuzas llevadas a su Tribunal de Ética, ante el cual nos ponemos a su disposición para que indague porqué los arquitectos del Minvu, con el objetivo de entregarle un traje a la medida del Club Deportivo de la UC , redactaron un Decreto Supremo firmado por Jaime Ravinet para cambiar la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad ”