La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó este martes un proyecto de ley que establece el traspaso al sistema estatal jubilatorio, de los fondos millonarios de pensión que en la actualidad son administrados por entidades privadas. En un acto simbólico realizado en la sede de los jubilados en Argentina, se llevó a cabo la introducción a la reforma del sistema de pago. La presidenta del país indicó que la decisión de nacionalización es de carácter estructural y que además implica una política de protección para este sector del pueblo, fuera del marco neoliberal. En Chile, ante las presiones por instalar una AFP estatal u otro sistema que evite la merma de los fondos, que en un año han perdido sobre un 20 por ciento, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que “los fondos están a buen recaudo (sic)”.
“Decidimos incorporar a más de un millón y medio de argentinos que habían quedado por fuera de la protección previsional producto de la capitalización”, declaró la mandataria nacional.
El plan oficial implica la transferencia al Estado de la cartera de recursos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), la cual cuenta con 98 mil millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares).
Los sectores opositores al gobierno hablan de un saqueo, mientras que Amado Boudou, director de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), expresó que en realidad lo que se pretende es rescatar de la incertidumbre a los futuros jubilados y a los que ya tienen una jubilación del régimen de capitalización sin los beneficios correspondientes.
“Lejos de estar en un saqueo, estamos es terminando con una medida de política económica. Sí se puede hablar de un saqueo, el saqueo fue la instauración misma del régimen de capitalización en Argentina”, señaló Boudou.
Ante el desconocimiento del rumbo que tomará ahora la administración de los fondos para los jubilados, el director de Anses indicó que “Vamos hacia un sistema jubilatorio de mayor calidad institucional, de mayor perentoriedad, y de mayor seguridad para los trabajadores argentinos”.
En cuanto a la situación económica mundial, Boudou precisó que “en tiempos de crisis, el gobierno argentino viene a aportar seguridad y sustentabilidad al sistema jubilatorio del país”.
Al aprobarse esta reforma, fnalizará el programa de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos.
¿Y Chile? La decisión del gobierno argentino de enviar al Congreso un proyecto de ley que termina con el sistema privado de previsión, las llamadas AFJP, y estatizar los fondos de pensiones, tuvo inmediatos ecos en Chile. Parlamentarios, economistas y representantes de los trabajadores, llamaron al Ejecutivo a agilizar la creación de una AFP estatal y a tomar las medidas necesarias para asegurar los ahorros previsionales de la población, a lo que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, respondió, como ya es habitual, avalando las decisiones que ha tomado y aseverando que el dinero se encuentra seguro donde está. “Los fondos de los trabajadores de Chile están a buen recaudo (sic). Es importante entender que las personas que están prontas a la edad de jubilación están por ley en el fondo E, que no tiene acciones, y por ende está resguardado de estas turbulencias”, aseguró Velasco, ante las reacciones que suscitó el proyecto de ley que el martes firmó la Presidenta argentina, Cristina Fernández, estatizando el sistema previsional bajo el argumento de que las pérdidas que la crisis ha ocasionado a las AFJP pone en riesgo las futuras jubilaciones de los trasandinos.
“Lejos de estar en un saqueo, estamos es terminando con una medida de política económica. Sí se puede hablar de un saqueo, el saqueo fue la instauración misma del régimen de capitalización en Argentina”, señaló Boudou.
Ante el desconocimiento del rumbo que tomará ahora la administración de los fondos para los jubilados, el director de Anses indicó que “Vamos hacia un sistema jubilatorio de mayor calidad institucional, de mayor perentoriedad, y de mayor seguridad para los trabajadores argentinos”.
En cuanto a la situación económica mundial, Boudou precisó que “en tiempos de crisis, el gobierno argentino viene a aportar seguridad y sustentabilidad al sistema jubilatorio del país”.
Al aprobarse esta reforma, fnalizará el programa de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos.
¿Y Chile? La decisión del gobierno argentino de enviar al Congreso un proyecto de ley que termina con el sistema privado de previsión, las llamadas AFJP, y estatizar los fondos de pensiones, tuvo inmediatos ecos en Chile. Parlamentarios, economistas y representantes de los trabajadores, llamaron al Ejecutivo a agilizar la creación de una AFP estatal y a tomar las medidas necesarias para asegurar los ahorros previsionales de la población, a lo que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, respondió, como ya es habitual, avalando las decisiones que ha tomado y aseverando que el dinero se encuentra seguro donde está. “Los fondos de los trabajadores de Chile están a buen recaudo (sic). Es importante entender que las personas que están prontas a la edad de jubilación están por ley en el fondo E, que no tiene acciones, y por ende está resguardado de estas turbulencias”, aseguró Velasco, ante las reacciones que suscitó el proyecto de ley que el martes firmó la Presidenta argentina, Cristina Fernández, estatizando el sistema previsional bajo el argumento de que las pérdidas que la crisis ha ocasionado a las AFJP pone en riesgo las futuras jubilaciones de los trasandinos.
En este contexto internacional, representantes de diversos sectores aprovecharon la oportunidad para reiterarle al Ejecutivo la inquietud que genera que los ahorros previsionales de los chilenos estén invertidos en el exterior, a la vez que recordaron la necesidad de crear una AFP estatal, idea que se viene arrastrando desde el primer proyecto de ley de Reforma Previsional y que, en una primera instancia, fue rechazado en el Legislativo.