El Gobierno de Colombia, a través del presidente Álvaro Uribe, declaró este jueves el Estado de Conmoción Interior a lo largo del territorio nacional por el término de 90 días, en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Magna de esa nación. El país sudamericano afronta una grave perturbación del orden público y social, debido a la disfuncionalidad de la administración de justicia, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, según se indica en la página de la Presidencia.
El artículo 213 de la Constitución de Colombia establece que “en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía…” será implementado el Estado de Conmoción.
De esta manera, queda establecido que el Presidente “con la firma de todos sus ministros”, podrá declarar dicho estado, “en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo favorable del Senado de la República”, prosigue la ley.
Uribe indicó en un mensaje a la nación que se tomó esta decisión luego que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que anunciaron el inicio de la huelga el pasado 3 septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
En estos 36 días, se han bloqueado los fallos en 160 mil procesos, y según fuentes oficiales, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.
Asimismo, el mandatario colombiano indicó que durante la huelga más de dos mil 700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120 mil procesos están sin fallos y no se efectuaron unas 25 mil audiencias.
“Esto le causa al país una tragedia”, expresó Uribe, quien tuvo un día de consultas con sus asesores antes de anunciar este decreto.
Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril de 2006.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos.
El Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, han solicitado al Gobierno Nacional adoptar medidas de emergencia acorde con las atribuciones que le otorga la Carta Política, tendientes a conjurar las perturbaciones causadas por la ausencia del funcionamiento de la administración de justicia en todo el territorio nacional.
Propuestas y exigencias
El Gobierno de Álvaro Uribe propuso unas bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111 mil millones de pesos (unos 52 millones de dólares). Sin embargo, los huelguistas exigen una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores. El pasado lunes, el presidente Uribe en la búsqueda desesperada de conjurar la huelga, firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial. Dicha propuesta era lo máximo que se podía hacer, según manifestó el mandatario “para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese gran esfuerzo”. Al día siguiente, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla “con urgencia, pero sin desespero”. Los primeros dos decretos expedidos este jueves al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos. A pesar de todo, Uribe aseguró que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.
El Gobierno de Álvaro Uribe propuso unas bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111 mil millones de pesos (unos 52 millones de dólares). Sin embargo, los huelguistas exigen una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores. El pasado lunes, el presidente Uribe en la búsqueda desesperada de conjurar la huelga, firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial. Dicha propuesta era lo máximo que se podía hacer, según manifestó el mandatario “para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese gran esfuerzo”. Al día siguiente, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla “con urgencia, pero sin desespero”. Los primeros dos decretos expedidos este jueves al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos. A pesar de todo, Uribe aseguró que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.