Santiago.- El agua se ha transformado en un recurso que, como el petróleo, con el tiempo cobrará cada vez más importancia energética y estratégica dentro del concierto internacional. Sin embargo, “Chile es el único país del mundo donde los derechos del agua son propiedad privada”, afirmó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, quien además recordó que la empresa española Endesa “controla el 90 por ciento del agua dulce de Chile”.
Por eso, un grupo de parlamentarios oficialistas, organizaciones ciudadanas y ambientalistas buscan aprobar una reforma constitucional que nacionalice las aguas de nuestro territorio.
Por medio de una firma, diputados, senadores, el Colegio Médico, el Colegio de profesores y estudiantes, se comprometieron a impulsar campaña que cumpla con este anhelo.
La crítica se centra en el amplio control privado de este recurso, y por otro, en la necesidad de cuidar el agua en un largo plazo ante los graves antecedentes de contaminación.
La Directora de Chile Sustentable, Sara Larrain, llamó a unirse a esta cruzada para adquirir los derechos necesarios de este bien nacional.
“Queremos invitar a todas las organizaciones y personas a sumarse a esta campaña nacional. Empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar, pueden ser varios años como la discusión de otros cambios en la regulación pero tenemos muy claro cuál es el objetivo”, aseguró.
Las organizaciones afirman que la modificación al Código de Aguas estableció algunas normas de carácter ambiental que establecen un “caudal ecológico mínimo” para otorgar derechos de aguas, aunque sin dotar el verdadero carácter de autoridad hídrica de cuencas.
El senador radical, Nelson Ávila, dijo que “la situación del agua en chile deja al desnudo la indefensión de la sociedad pero al mismo tiempo la impotencia. Porque cuando uno se interna en la legislación no puede explicarse cómo podemos todavía soportar este escenario de injusticia. Los intereses que están detrás son insaciables porque no se conforman con haber obtenido los derechos a título gratuito, ahora lo que hacen es inscribir como pertenencias mineras el área del embalse y toda la franja que va a ocupar el trazado con el fin de, entre otras cosas, devaluar los terrenos y pagar menos indemnizaciones”.
El proyecto de ley que proponen busca restablecer la propiedad del Estado sobre las aguas de la Nación. Además, de consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar de modo sostenible en manos de quien estén. AL respecto, el Senador democratacristiano Mariano Ruiz Esquide manifestó que es un debate antiguo e ideológico, pero que en la actualidad se deben cumplir cambios concretos.
Los legisladores quieren que quede claro en la Constitución que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares”.
Una frase que parece obvia, pero que por el momento no está en nuestra carta fundamental y que para lograrlo, tratará de sortear varios obstáculos. Uno de ellos será la presión que ejercerán las empresas privadas por impedirlo.
Por medio de una firma, diputados, senadores, el Colegio Médico, el Colegio de profesores y estudiantes, se comprometieron a impulsar campaña que cumpla con este anhelo.
La crítica se centra en el amplio control privado de este recurso, y por otro, en la necesidad de cuidar el agua en un largo plazo ante los graves antecedentes de contaminación.
La Directora de Chile Sustentable, Sara Larrain, llamó a unirse a esta cruzada para adquirir los derechos necesarios de este bien nacional.
“Queremos invitar a todas las organizaciones y personas a sumarse a esta campaña nacional. Empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar, pueden ser varios años como la discusión de otros cambios en la regulación pero tenemos muy claro cuál es el objetivo”, aseguró.
Las organizaciones afirman que la modificación al Código de Aguas estableció algunas normas de carácter ambiental que establecen un “caudal ecológico mínimo” para otorgar derechos de aguas, aunque sin dotar el verdadero carácter de autoridad hídrica de cuencas.
El senador radical, Nelson Ávila, dijo que “la situación del agua en chile deja al desnudo la indefensión de la sociedad pero al mismo tiempo la impotencia. Porque cuando uno se interna en la legislación no puede explicarse cómo podemos todavía soportar este escenario de injusticia. Los intereses que están detrás son insaciables porque no se conforman con haber obtenido los derechos a título gratuito, ahora lo que hacen es inscribir como pertenencias mineras el área del embalse y toda la franja que va a ocupar el trazado con el fin de, entre otras cosas, devaluar los terrenos y pagar menos indemnizaciones”.
El proyecto de ley que proponen busca restablecer la propiedad del Estado sobre las aguas de la Nación. Además, de consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar de modo sostenible en manos de quien estén. AL respecto, el Senador democratacristiano Mariano Ruiz Esquide manifestó que es un debate antiguo e ideológico, pero que en la actualidad se deben cumplir cambios concretos.
Los legisladores quieren que quede claro en la Constitución que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares”.
Una frase que parece obvia, pero que por el momento no está en nuestra carta fundamental y que para lograrlo, tratará de sortear varios obstáculos. Uno de ellos será la presión que ejercerán las empresas privadas por impedirlo.