La represión de un Estado no se compara automáticamente con la de otro ni debe acusarse de “doble standard” a quienes entienden que medidas parecidas se aplican a enemigos diferentes, pero el régimen chavista arriesga un desprestigio inútil al sobrerreaccionar con algunos de sus críticos.
De tarde en tarde, las relaciones entre el Presidente venezolano y el Estado chileno se crispan cuando Hugo Chávez decide dirigir sus fuegos hacia el confín sudamericano. Pero él siempre tiene cuidado de no molestar a su querida colega y amiga Michelle, así como lo tuvo también –en 2002- en no aludir directamente a Ricardo Lagos, cuando el entonces gobernante no rechazó el golpe en Venezuela.
La semana pasada, prefirió reaccionar a través del canciller Maduro, por las declaraciones que hiciera el ministro chileno de RR.EE. sobre sus afanes protagónicos y embestidas anti-estadounidenses, aunque aquél tuvo la prudencia de dejar las cosas a nivel de un pañuelazo entre Caracas y Santiago. Desde Nueva York, Foxley trató de hacer lo mismo respecto de algo más sensible: la expulsión del chileno José Miguel Vivanco por un informe de su ONG Human Rights Watch sobre las libertades bajo el régimen chavista.
En esto de robarse la película, Michelle Bachelet sabe que “este Hugo” siempre tratará de hacerlo y así lo evidenció con un elocuente gesto de resignación cuando terminó de hablar por celular con su colega a la vista de los periodistas que cubrían un acto oficial. Al contrario, su canciller parece impacientarse un poco cuando siente que el líder bolivariano “se pasa a rollo”. Sólo que esta vez quiso exteriorizarlo no ya en conversaciones reservadas, sino en entrevistas periodísticas. Pero la diplomacia de Santiago y las de todas las capitales tendrán que acostumbrarse al modo de ser de Chávez y convivir con ello. La única opción que les queda es tratar de neutralizarlo, como lo hicieron Lula y Bachelet en la cumbre de emergencia de Unasur de la semana pasada.
Más difícil resulta soslayar el episodio policial en que se conminó a Vivanco a tomar el primer avión desde el aeropuerto de Maiquetía. La medida recordó a muchos lo que hacía la dictadura chilena con quienes osaban desafiarla. Pero no es cuestión de comparar automáticamente la represión de un Estado con la de otro ni de acusar de “doble standard” a quienes entienden que las mismas acciones se aplican a enemigos diferentes. El punto es que el gobierno chavista no necesita sobrerreaccionar con sus críticos, porque es un régimen de mayoría que soporta bien los embates internos de una oposición encarnizada y poderosa. Al revés, con medidas como la expulsión de un activista por los derechos humanos se desprestigia inútilmente. No hay para qué acudir a la figura de la patria mancillada por fuerzas externas, eso es más militar que popular.
Un organismo privado internacional tiene derecho a inmiscuirse en el examen de la democracia de cualquier país, porque las libertades civiles y los derechos sociales son cuestión de toda la humanidad. Y si el informe del Watch es injusto hay que rebatirlo, no perseguir a sus autores, y si el financiamiento de esta ONG con sede en Washington es dudoso hay que denunciarlo y exigir transparencia a sus directivos.
Se han cumplido 35 años del derrocamiento del Presidente Allende y quienes lo invocaron en La Moneda la semana pasada –Chávez y con él todos sus colegas sudamericanos, cuando rechazaron una intentona contra Evo Morales- debieran tomar en cuenta que conciliar justicia con libertad es una tarea a ejecutar día a día por quienes se reclaman herederos del Mandatario chileno.
La semana pasada, prefirió reaccionar a través del canciller Maduro, por las declaraciones que hiciera el ministro chileno de RR.EE. sobre sus afanes protagónicos y embestidas anti-estadounidenses, aunque aquél tuvo la prudencia de dejar las cosas a nivel de un pañuelazo entre Caracas y Santiago. Desde Nueva York, Foxley trató de hacer lo mismo respecto de algo más sensible: la expulsión del chileno José Miguel Vivanco por un informe de su ONG Human Rights Watch sobre las libertades bajo el régimen chavista.
En esto de robarse la película, Michelle Bachelet sabe que “este Hugo” siempre tratará de hacerlo y así lo evidenció con un elocuente gesto de resignación cuando terminó de hablar por celular con su colega a la vista de los periodistas que cubrían un acto oficial. Al contrario, su canciller parece impacientarse un poco cuando siente que el líder bolivariano “se pasa a rollo”. Sólo que esta vez quiso exteriorizarlo no ya en conversaciones reservadas, sino en entrevistas periodísticas. Pero la diplomacia de Santiago y las de todas las capitales tendrán que acostumbrarse al modo de ser de Chávez y convivir con ello. La única opción que les queda es tratar de neutralizarlo, como lo hicieron Lula y Bachelet en la cumbre de emergencia de Unasur de la semana pasada.
Más difícil resulta soslayar el episodio policial en que se conminó a Vivanco a tomar el primer avión desde el aeropuerto de Maiquetía. La medida recordó a muchos lo que hacía la dictadura chilena con quienes osaban desafiarla. Pero no es cuestión de comparar automáticamente la represión de un Estado con la de otro ni de acusar de “doble standard” a quienes entienden que las mismas acciones se aplican a enemigos diferentes. El punto es que el gobierno chavista no necesita sobrerreaccionar con sus críticos, porque es un régimen de mayoría que soporta bien los embates internos de una oposición encarnizada y poderosa. Al revés, con medidas como la expulsión de un activista por los derechos humanos se desprestigia inútilmente. No hay para qué acudir a la figura de la patria mancillada por fuerzas externas, eso es más militar que popular.
Un organismo privado internacional tiene derecho a inmiscuirse en el examen de la democracia de cualquier país, porque las libertades civiles y los derechos sociales son cuestión de toda la humanidad. Y si el informe del Watch es injusto hay que rebatirlo, no perseguir a sus autores, y si el financiamiento de esta ONG con sede en Washington es dudoso hay que denunciarlo y exigir transparencia a sus directivos.
Se han cumplido 35 años del derrocamiento del Presidente Allende y quienes lo invocaron en La Moneda la semana pasada –Chávez y con él todos sus colegas sudamericanos, cuando rechazaron una intentona contra Evo Morales- debieran tomar en cuenta que conciliar justicia con libertad es una tarea a ejecutar día a día por quienes se reclaman herederos del Mandatario chileno.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).