Santiago.- Las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo, durante la mañana de ayer se cumplieron: “esta tarde tendrán noticias”. Y la resolución fue clara, se acogieron los requerimientos sobre inconstitucionalidad de los Decretos del Ministerio de Transportes, que autorizaban la solicitud de préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Estado para financiar el Transantiago.
Sobre los dineros entregados no se sabe aún que pasará con ellos, tampoco se informaron sobre la cantidad de votos a favor o en contra del requerimiento.
Ante esto se aclaró que esta etapa es resolutiva y falta la redacción que demoraría alrededor de 10 días.
El abogado que representa a los senadores de la Alianza por Chile Alex Buchheister, se retiró satisfecho de esta resolución, advirtiendo que “quedan sin efecto los decretos que autorizaron endeudarse con los mencionados bancos”. El abogado dijo que los roles de la Contraloría y el Tribunal operan en “campos distintos”. Esto porque el Contralor, Ramiro Mendoza, recordó que “nosotros vimos (los decretos) en conformidad a la Ley. El Tribunal en varias oportunidades, frente a actos tomados de razón, ha conocido decretos y los ha tachado de inconstitucionales, no es algo nuevo”. En el acuerdo informado por el Tribunal Constitucional, por otra parte, se rechazó el tercer requerimiento en relación al decreto supremo del Ministerio de Hacienda que reemplaza la suma originalmente contemplada para que la CORFO otorgue coberturas o subsidios contingentes. Oficializado el fallo del TC, el ministro de Transportes, René Cortázar, señaló que lamenta y acata el fallo, al tiempo que, defendió con vehemencia la legalidad de los decretos que fueron impugnados por esa entidad. Según el secretario de Estado, éstos fueron sometidos “en su momento al control de legalidad de la Contraloría y por lo tanto todo el proceder del Gobierno ha sido transparente y ajustado a los procedimientos y controles a que se encuentran sujetos esta clase de actos administrativos”. En ese sentido, Cortázar aseguró que durante todo este año el organismo fiscalizador ha emitido dictámenes “que validaban la legalidad de lo que el Gobierno estaba haciendo”, por lo que los documentos en cuestión “eran perfectamente legales”. Desde La Moneda, el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, dijo que el Ejecutivo tiene “la convicción de que actuó conforme a derecho” y recordó que “así lo estableció la Contraloría General de la República”. En cuanto a la posibilidad de utilizar el 2 por ciento constitucional, el ministro señaló que eso se hará cuando sea oportuno y necesario. En ese sentido, Viera Gallo agregó: “tenemos aún la posibilidad de que en un gesto patriótico el Senado de la República, como lo hizo la Cámara de Diputados, apruebe un subsidio que va en favor del transporte público en Santiago y en todo el país”. Sin embargo, desde la Alianza las señales son otras. el bloque se mostró conforme con la resolución del TC. El senador de RN, Andrés Allamand, señaló que la impugnación de ambos financiamientos demuestra que “ha terminado por colapsar la estrategia urdida por el ministro Cortázar”, quien, a su juicio, mantuvo durante el último mes una “especie de chantaje, de presión política, para los efectos de presionar a los parlamentarios de apoyar su pésimo proyecto”. En tanto , el senador UDI Hernán Larraín cree que con lo sucedido, “se han puesto las cosas en su lugar”, por lo que “llegó la hora de que no haya más continuidad de un proyecto que realmente ha sido una humillación para los santiaguinos y que no tiene viablidad financiera de ninguna especie”. Mientras, el jefe de la bancada de diputados independientes, Pedro Araya, no descartó una posible interpelación en contra de los ministros de Hacienda y Transportes, Andrés Velasco y René Cortázar, respectivamente. “Yo creo que si no hay una explicación satisfactoria de parte de estos dos ministros, obviamente que se puede recurrir a la interpelación para tener respuestas claras y concretas sobre su accionar”, manifestó el diputado por Antofagasta. También llamó a las autoridades políticas a respetar la institucionalidad del país y los mecanismos con los que opera el Tribunal Constitucional, porque de lo contrario “ello atenta gravemente contra las bases de nuestra constitucionalidad y obliga a que ambos secretarios de Estado concurran a dar una explicación respecto de lo que ha ocurrido sobre este decreto que firmaron”.Para el parlamentario es indispensable que ambos ministros expliquen qué soluciones tendrán sobre esta materia, agregando que él es partidario de que se ocupe el 2 por ciento constitucional.