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Agosto 18, 2026

La cuestión mapuche

El gobierno, sin  una política clara  y eficaz en torno a la situación del pueblo mapuche podría llegar a cometer un error histórico garrafal, ante el cual la corrupción desatada y el Transantiago no serian  sino anécdotas de registro mínimo. Si el Estado chileno llegara a entender que la cuestión mapuche es simplemente una vulgar y simple trasgresión del orden  jurídico (delincuentes que hay que simplemente encarcelar) o se dejara arrastrar por una lógica militarista de aplastamiento (un adversario a neutralizar) las consecuencias serian funestas para todo nuestro país.

El gobierno parece haber perdido el control de sí mismo y desde sus portavoces más significativos sólo se escuchan  amenazas sobre el pueblo originario,  las cuales parecen ser también una suerte de empeño por auto inferirse valor.

El tema es complejo y escapa a las posibilidades legales y fácticas del Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones. La cuestión Mapuche es un PROBLEMA POLITICO, que sólo podrá resolverse en ese ámbito.

El pueblo mapuche fue objeto de una gigantesca agresión por parte del imperio español, la cual se estabilizó, luego de la derrota de los invasores en Curalaba (1598), en una situación de guerra/paz que tuvo como límite geográfico el río Bío Bío.

En la segunda mitad del siglo XIX el estado chileno emprendió una campaña militar de exterminio, despojo y sometimiento llamada eufemísticamente pacificación de la Araucanía. Esta situación histórica ha reaparecido en el escenario político nacional a partir del mantenimiento  de la injusticia histórica, de la ausencia de una política global de reparación y de la creciente conciencia de su identidad y derechos por parte de este pueblo originario.

El pueblo mapuche cuenta con amplia simpatías en nuestra ciudadanía en todo lo que se refiere a sus reivindicaciones. A nadie se le pasaría por la cabeza desatar una guerra contra nuestro pueblo originario. Una situación de campaña militar desplegada requeriría la intervención del Congreso Nacional y no la simple acción del ministerio Público. 

Como se aprecia no se trata ni de una situación de guerra interna como parece entender el fiscal regional, que propone despliegues militares tipo Plan Colombia en contra de un “adversario” a neutralizar, ni de simples delincuentes comunes como señala el Ministro del Interior.

En nuestro mundo posmoderno el reconocimiento de lo parcial y fragmentario   expresado en las  minorías étnicas forma parte del saber común de la comunidad internacional. El desenfadado camino de la represión a que el gobierno parece dirigirse acicateado por el discurso represivo de algún  parlamentario de ultraderecha le traerá los más graves problemas internacionales.

Prudencia, dialogo, inteligencia, ponderación y sentido de justicia, es lo que falta.

Aún es tiempo.

ROBERTO AVILA TOLEDO
CONC EJAL CERRO NAVIA