Con una nueva batalla del Transantiago a punto de librarse en el Senado, se multiplican las reflexiones en cuanto a lo que dejó el combate de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Desde luego, ganar por un voto refleja la fragilidad de la coalición que aspira a seguir administrando el país, pese a las reiteradas señales de ingobernabilidad que está proyectando.
Que el voto que salvó a última hora la iniciativa proviniese de un parlamentario de las propias filas oficialistas indica algo más que una perversión parlamentaria de aprovecharse de situaciones de vida o muerte para el Ejecutivo y, en el caso del diputado Ascencio, más que la manifestación de un resentimiento porque no se construyó el puente sobre el Chacao. Demuestra falta de diálogo y cohesión internas y, en definitiva, carencia de proyectos comunes en el contexto de una Concertación que ha perdido una visión compartida del país.
El parlamentario por Chilóé hizo lo suyo, como probablemente lo haga el de Magallanes en la instancia senatorial. El punto crítico es por qué el gobierno hace estos ofrecimientos a última hora y no los integra desde el comienzo al proyecto en votación.
Más allá también del más estrepitoso fracaso que se tenga recuerdo de una política pública –culpa compartida por la anterior y la actual administración-, los dados se cargaron desde la derecha por una jugada política y no técnica, como lo hizo patente la desautorización -a instancias del senador Allamand- de las negociaciones que llevaron adelante los diputados Monckeberg y Uriarte con el ministro Cortázar.
Castigar al gobierno no significaba necesariamente castigar a la gente –según la estrategia dura que se impuso en la derecha-, porque siempre existe la posibilidad de acudir al 2 % constitucional para catástrofes. Pero el solo hecho de usar estos fondos de emergencia significaba para el gobierno agregar una humillación al fracaso del Transantiago. Los gobiernos de la Concertación no han accionado jamás a este mecanismo. La última vez lo hizo el régimen militar, con ocasión del terremoto de 1985. Y lo aplicó a la locomoción colectiva –en los últimos 38 años- sólo el gobierno de la Unidad Popular: en tres oportunidades durante sus mil días, por urgencias derivadas de la situación política y social.
Hasta hoy, el enojo de los pasajeros no se ha traducido en una eclosión social, pero entre los múltiples datos que manejan los estrategas políticos no debiera estar ausente el efecto de un alza del precio del boleto. A un eventual gobierno de derecha no le conviene dejar encendida la olla del Transantiago, porque tal vez se alcance el punto de ebullición con la actual mayoría sociológica gobernante y disidente convertida en decidida opositora.