El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a tramitación una demanda de la revista “Punto Final” contra el Estado de Chile, representado para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado. La demanda se basa en la discriminación de que son objeto los medios de información y opinión independientes, como la revista “Punto Final”, en la distribución de la publicidad del Estado que casi en su totalidad se asigna a las empresas El Mercurio y Copesa, entre los medios escritos.
La demanda fue acogida el 29 de julio en forma unánime por los ministros Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres, y rola con el número 171-08 contencioso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Firman la demanda el periodista Manuel Cabieses Donoso, director y representante legal de “Punto Final”, y el abogado Alberto Espinoza Pino.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney Urzúa, será notificado esta semana, abriéndose así el período de presentación de pruebas y alegatos ante el Tribunal.
La demanda señala: “El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile.
Firman la demanda el periodista Manuel Cabieses Donoso, director y representante legal de “Punto Final”, y el abogado Alberto Espinoza Pino.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney Urzúa, será notificado esta semana, abriéndose así el período de presentación de pruebas y alegatos ante el Tribunal.
La demanda señala: “El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile.