Sin embargo, a pesar de su importancia política, social y económica, las políticas públicas que apuntan a su fomento y fortalecimiento son escasas y acotadas e incluso muchas veces se cuestiona la necesidad de la inversión pública para el desarrollo del sector.
Recién en el año 2000, se impulsó desde el gobierno el desarrollo de una política pública en esta materia, en cuyo diseño participaron representantes de diversas organizaciones de la heterogénea sociedad civil. Entre una de las medidas dispuestas, en septiembre de 2002 se constituyó el Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, el que ha tenido como misión “contribuir al desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil como un actor social diverso, innovador y responsable, para el pleno ejercicio de la democracia, la participación ciudadana, la creación de condiciones para la asociatividad y el enriquecimiento del tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto”. Su principal tarea ha sido desarrollar una institucionalidad para el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil a partir de concursos de proyectos.
El Consejo (provisorio), conformado mayoritariamente por representantes de organizaciones de la sociedad civil de distintos ámbitos políticos y sociales, que aportan su tiempo y sus capacidades de forma gratuita y voluntaria, ha constituido una experiencia única en la historia del país, fruto del trabajo colaborativo entre la sociedad civil en toda su diversidad y organismos estatales en la perspectiva de construir una mejor democracia sobre la base de los principios de Autonomía, Equidad, Participación y Transparencia.
El Consejo ha aportado a construir procedimientos, instalar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para que miles de organizaciones puedan acceder a información relevante, a través de una plataforma virtual,
www.portalciudadano.cl puedan postular a los concursos, conocer las actas del Consejo, los informes de gestión y los resultados de los concursos realizados.El Fondo ha entregado entre los años 2003 y 2007 más de $ 3.650 millones a través de siete concursos que favorecieron a 1.152 proyectos que reunieron a varios miles de organizaciones de todo tipo a lo largo y ancho del país. Se trata de proyectos definidos por las propias organizaciones y no como parte de programas sociales de institución alguna.
Como parte de su desarrollo y contando con el respaldo de la aprobación unánime del proyecto de ley de asociacionismo y participación ciudadana en la gestión pública en la Cámara de Diputados, durante el año 2007 se formaron consejos del Fondo en 13 regiones y un nuevo consejo nacional, estableciendo una cuota de recursos para cada región, otras para la modalidad interregional y nacional. Cada consejo cuenta con una secretaría ejecutiva y la evaluación de cada concurso se realiza por una organización que se adjudica este proceso mediante una licitación pública.
Un seguimiento riguroso de esta experiencia no puede sino celebrar los resultados alcanzados. A lo largo de estos años ha ganado un reconocimiento progresivo entre las organizaciones sociales, las instituciones públicas y también organismos internacionales. Es así como un estudio encargado por la secretaría ejecutiva del Fondo da cuenta de la importancia y utilidad de esta iniciativa para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil. Se encuentran en este documento múltiples testimonios de cómo el apoyo logrado a través del Fondo vino a consolidar las organizaciones, ampliar sus redes de contacto, fortalecer sus capacidades de gestión, así como difundir su quehacer y aportó a su reconocimiento por parte de otros actores.
Es por ello que resultan incomprensibles las acusaciones lanzadas por una revista local acerca de manejos oscuros en su quehacer. Sobre la base de información parcial y añeja, y la malinterpretación de buenas prácticas de control y monitoreo interno, propias de todo fondo concursable con recursos públicos, referida a un número insignificante de casos en un universo que supera el millar, se desprestigia un esfuerzo de la mayor seriedad de actores sociales convencidos de que no se puede entender la democracia sin ciudadanía, que no alcanzaremos como país una democracia y un desarrollo verdaderamente sustentable, sin una sociedad civil vigorosa y activa, organizada en diferentes modos y sectores, con amplia participación de todos los sectores en los asuntos públicos.
¿Cuál es la apuesta tras de tales acusaciones? ¿Destruir el tejido social que se ha reconstruido con tanto esfuerzo estos últimos años? ¿Desprestigiar sus liderazgos? ¿Crear el espejismo que es posible la democracia sin una sociedad civil fuerte?
La polémica desatada, aprovechada por parlamentarios que nunca han querido la participación ciudadana, puede constituir una oportunidad para una reflexión más seria en torno a la democracia que queremos, a cómo la construimos colectivamente. Mi invitación es a conocer la experiencia del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, a leer los debates que registran sus actas, a conocer las opiniones de quienes han participado en él o realizado actividades con su apoyo.
*Teresa Valdés E.
Ex presidenta Consejo (provisorio)
Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil