Se trata del caso conocido como “Rinconada de Maipú” que fue presentado, en el Canal 13 y TV Nacional, como un enfrentamiento armado entre opositores al régimen militar y miembros de la policía secreta de Pinochet.
Sin embargo, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, acreditó que los seis militantes de izquierda fueron torturados y asesinados en el centro de detención Villa Grimaldi y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes.
Ésta es la primera vez en Chile que se recurre a los Tribunales de Justicia para que determine si profesionales de los medios de comunicación, tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los derechos humanos.
Dos de los periodistas cuestionados – Sánchez y López Blanco – trabajan actualmente en la estación de TV MEGAVISION de propiedad del empresario Ricardo Claro.