El diálogo entre el Ejecutivo argentino y representantes de la cúpula agraria argentina, retomado este lunes, fue positivo, afirmó el jefe de gabinete Alberto Fernández, mientras que continúa la discusión en el Congreso sobre el sistema de impuestos a las exportaciones de granos, cuya implementación desencadenó el conflicto de 101 días.”Creo que la reunión fue positiva porque se recupera el diálogo y se pone fin a un modo de protesta que había generado enormes perjuicios al desarrollo de Argentina”, dijo Fernández, en conferencia de prensa tras el encuentro.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, también coincidió en calificar el encuentro como positivo y cordial.
“Fue una reunión positiva, cordial, a agenda abierta”, añadió Randazzo.
Del lado comercial fueron un poco más cautos en valorar la jornada y se limitaron a decir que había sido una conversación cortés pero franca.
“Hay que valorar que se haya reanudado el diálogo, algo que viene a interrumpir un proceso de confrontación. Se ha reconstituido una instancia de democracia, con discrepancias, pero con respeto. Es importante decirnos las cosas a la cara”, consideró a la prensa el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
Productores siguieron exportando
También el jefe ministerial indicó que en la cita, la presidenta Cristina Fernández presentó un informe de aduana que revelaba que durante poco más de tres meses de conflicto los productores no habían perdido dinero y que, por el contrario, siguieron exportando 28 por ciento más de lo que normalmente vendían. Indicó que las exportaciones de productos como la soja, la harina de trigo y el aceite de girasol se incrementaron en una época en la que las cúpulas agrarias se encontraban supuestamente en paro y el mercado interno sufría un grave desabastecimiento. Según Alberto Fernández, tras haber presentado estos datos, la gobernante señaló que veía estos resultados con cierto pesar pues corroboraban que “las exportaciones siguieron en pie, mientras que los argentinos sufríamos el desabastecimiento de alimentos”, relató. En respuesta, Buzzi, uno de las impulsores de la huelga, se quejó de que el Gobierno “intente demostrar que la protesta agropecuaria fue hecha contra el mercado interno y contra los argentinos”. En cuanto al sistema de retenciones móviles, la mandataria reiteró que ese era, ahora, un tema del Congreso. De hecho, este martes se cumple el segundo día de debates en lo interno de las comisiones de Agricultura y Presupuesto del Parlamento para decidir el futuro del sistema tributario. A la primera sesión congresal, celebrada el lunes, asistieron los empresarios del campo quienes adelantaron que se presentarán a todas las rondas de discusión. Entre tanto, a las afueras del recinto parlamentario una agrupación que apoya la decisión del Gobierno sigue manifestándose para exigir el aumento de los pagos. El conflicto entre Buenos Aires y el campo argentino se inició en marzo pasado cuando el Ejecutivo activó un sistema de retenciones móviles o cobro de impuestos variables a las exportaciones de soja, maíz y aceite de girasol, que fue rechazado inmediatamente por los dueños de las empresas productoras. Estos impuestos ligan la cantidad de dinero que se pagará al fisco a la fluctuación del precio mundial de los granos antes mencionados. Durante este lapso, en cuatro oportunidades los empresarios convocaron huelgas, caracterizadas por el corte de importantes vías de comunicación del país, lo cual causó desabastecimiento de varios rubros y descomposición de productos perecederos valuados en millones de dólares. Los ingresos procedentes de estas exportaciones serán devueltos a la sociedad a través de un fondo para la construcción de infraestructura pública, como hospitales y escuelas. En vista de la negativa de los huelguistas a dialogar, la jefa de Estado decidió la semana pasada enviar en forma de proyecto de ley el sistema de retenciones, para que sea el Parlamento el que lo autorice.
También el jefe ministerial indicó que en la cita, la presidenta Cristina Fernández presentó un informe de aduana que revelaba que durante poco más de tres meses de conflicto los productores no habían perdido dinero y que, por el contrario, siguieron exportando 28 por ciento más de lo que normalmente vendían. Indicó que las exportaciones de productos como la soja, la harina de trigo y el aceite de girasol se incrementaron en una época en la que las cúpulas agrarias se encontraban supuestamente en paro y el mercado interno sufría un grave desabastecimiento. Según Alberto Fernández, tras haber presentado estos datos, la gobernante señaló que veía estos resultados con cierto pesar pues corroboraban que “las exportaciones siguieron en pie, mientras que los argentinos sufríamos el desabastecimiento de alimentos”, relató. En respuesta, Buzzi, uno de las impulsores de la huelga, se quejó de que el Gobierno “intente demostrar que la protesta agropecuaria fue hecha contra el mercado interno y contra los argentinos”. En cuanto al sistema de retenciones móviles, la mandataria reiteró que ese era, ahora, un tema del Congreso. De hecho, este martes se cumple el segundo día de debates en lo interno de las comisiones de Agricultura y Presupuesto del Parlamento para decidir el futuro del sistema tributario. A la primera sesión congresal, celebrada el lunes, asistieron los empresarios del campo quienes adelantaron que se presentarán a todas las rondas de discusión. Entre tanto, a las afueras del recinto parlamentario una agrupación que apoya la decisión del Gobierno sigue manifestándose para exigir el aumento de los pagos. El conflicto entre Buenos Aires y el campo argentino se inició en marzo pasado cuando el Ejecutivo activó un sistema de retenciones móviles o cobro de impuestos variables a las exportaciones de soja, maíz y aceite de girasol, que fue rechazado inmediatamente por los dueños de las empresas productoras. Estos impuestos ligan la cantidad de dinero que se pagará al fisco a la fluctuación del precio mundial de los granos antes mencionados. Durante este lapso, en cuatro oportunidades los empresarios convocaron huelgas, caracterizadas por el corte de importantes vías de comunicación del país, lo cual causó desabastecimiento de varios rubros y descomposición de productos perecederos valuados en millones de dólares. Los ingresos procedentes de estas exportaciones serán devueltos a la sociedad a través de un fondo para la construcción de infraestructura pública, como hospitales y escuelas. En vista de la negativa de los huelguistas a dialogar, la jefa de Estado decidió la semana pasada enviar en forma de proyecto de ley el sistema de retenciones, para que sea el Parlamento el que lo autorice.