Lo que queda claro es que la contradicción de intereses no se resolvió con la convocatoria a un Consejo de 80 miembros, después de la rebelión de los pingüinos, ni con el acuerdo suscrito en La Moneda el 22 de noviembre último con los titulares de los partidos políticos. Tampoco hay que quedarse con la retórica de que el Poder Legislativo no es mero buzón del Ejecutivo para despachar los proyectos que éste acuerde en otras instancias. Hoy fueron 40 parlamentarios de la Concertación los que reivindicaron su deber constitucional, mientras que los de la Alianza exigieron respeto a lo acordado en el palacio gubernativo. Pero unos y otros podrán, indistintamente, olvidarse de estos deberes o reclamar sus derechos según la ocasión.
Más bien los congresales actuaron como representantes de posiciones ideológicas, atendiendo, dentro de ellas, los reclamos de diversos sectores sociales. El tema de la educación es demasiado incumbente para que se agote en un Consejo técnico y una negociación política. Si no se resuelven hoy los temas de fondo se tendrá una ley apenas un poco mejor que la dejada por el régimen militar, y eso no satisface las aspiraciones de los actores educacionales: alumnos y apoderados –los más desfavorecidos en primer lugar- y profesores.
No importa la meta del actual gobierno de dejar en su legado una nueva ley educacional: ésta tiene que ser buena y profundizada en el debate legislativo, social y político, con el derecho a voz de técnicos y empresarios, pero con el ejercicio del voto por parlamentarios muy conscientes de su representatividad.
En las múltiples maniobras gubernativas y opositoras llegó a confundirse el concepto mismo de educación pública: según la derecha y algunos sectores decé, por tal debe entenderse también la particular subvencionada y así llegó a decirlo la propia ministra Jiménez al asumir el cargo. De ahí las sospechas entre sectores más conservadores y más progresistas por la indicación que cautelaba la enseñanza que el Estado provee más directamente.
La solución encontrada ayer por el gobierno y las bancadas oficialistas “chuteó” el problema, al acordarse que se apruebe la idea de legislar, se introduzcan indicaciones y que la Presidenta firme hoy un acuerdo para enviar en julio un proyecto que fortalezca la educación pública. Así la Ley General que se vota hoy tiene la característica insigne de la transición: de transacción, una vez más, con la derecha sociológicamente minoritaria.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).