El problema es que los camioneros piden la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Con ello están favoreciendo a los sectores más acomodados del país, ya que, al tener un mayor consumo energético por persona, son quienes más usufructuarían de la eliminación de este impuesto. Además, agrava el problema de la calidad del aire al incentivar el uso del automóvil. Sería mucho más eficaz un mecanismo que les asegurara un precio estable y de mediano plazo con aumentos controlados y previamente anticipados que pudiesen absorberse, por parte de la población, con rebajas en el impuesto al valor agregado que es el más dañino para el bolsillo de los más pobres. Si el kilo de pan cuesta mil pesos, en poco más de dos meses, una familia pobre le entrega al Estado los 20 mil pesos que éste le da como bono compensatorio por las alzas del costo de la vida. Si pensamos en una familia con un ingreso de 100 mil pesos mensuales –de las que hay muchas- que gasta todo su ingreso en productos afectos al IVA, sólo en un mes le entregan al Estado lo que éste les devuelve de cuando en cuando como máxima expresión de generosidad y compromiso social.
Si efectivamente este gobierno tuviese sensibilidad social, bajaría considerablemente el IVA y subiría significativamente el impuesto a las utilidades del gran capital, pero, eso implicaría otro gobierno y otro Chile.
Marcel Claude
Economista