Las personas que sanamente se preguntan el porqué de la mala calidad de la educación en Chile, tienen en este antecedente argumentos de sobra para pedir un cambio fundamental en las visiones que han estado operando desde tiempos de la dictadura.
MAS MERCADO Y DISCRIMINACION
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno actual, de la Concertación , de la Alianza , de la mayoría de los medios de difusión masiva, no han logrado convencer a buena parte de la ciudadanía, que el proyecto de Ley General de Educación, que se discute en el Parlamento, podría superar la insatisfactoria situación actual. Al contrario, este proyecto promueve más el mercado, mantiene la discriminación socio-económica, continúa desresponsabilizando al Estado en la subvención a las universidades. Es más, no prevé recursos para las universidades públicas y refuerza el modelo educativo ampliamente fracasado.
Por lo tanto, en estas circunstancias, donde no hay consenso social y tampoco entre los expertos, impedir que se desarrolle un amplio debate como lo demuestra la actitud de la Ministra de Educación, es deshonesto y antidemocrático.
Algunos parlamentarios socialistas, radicales y del Partido por la Democracia , han presentado serias y fundamentales indicaciones al proyecto de ley en cuestión. Sin embargo, La Ministra de Educación aboga por no discutirlas en el marco de la ley e insiste en la aprobación en bloque del proyecto
Es decir, la Secretaria de Estado busca imponer una ley contra la convicción de millones de chilenos, con el propósito de seguir entregándole tributos a un mercado educacional incapaz de ofrecer educación responsable y de calidad, mientras – con la otra mano – se le sacan recursos a la educación pública. En este contexto lo que se está fraguando es el desastre educativo total!
La Universidad de Santiago (USACH), que hace una tarea indiscutible de responsabilidad social, al educar a miles de jóvenes talentosos provenientes de sectores sociales de bajos recursos económicos, sólo recibe un 20% de los aportes del Estado. El 80% de los recursos los debe generar la propia Universidad, en el marco de un sistema educacional que concibe a la educación como una mercancía/ bien de consumo y no como un derecho ciudadano.
Es decir, prácticamente se somete a una Universidad pública a regirse por las leyes del mercado y “a rebuscarse” más financiamiento. Tarea en la que debe lidiar con un cuerpo de leyes, reglamentos y disposiciones propias de una administración anacrónica.
Esta situación atenta contra los anhelos de profesores y estudiantes de hacer de esta casa de estudios superiores una institución eficiente y dinámica, dedicada a la producción de conocimiento en pos del desarrollo integral del país.
El rector de la USACH , Juan Manuel Zolezzi, en su calidad de Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, ha solicitado un cambio de políticas universitarias al poder político, pero es difícil que sea escuchado cuando el prejuicio mercantilista y antiestatista inunda las esferas del poder.
HERENCIA DE LA DICTADURA
Este es el “ring” donde las universidades privadas, libres de trabas administrativas, compiten con las universidades públicas y donde estas últimas deben cargar con una mochila de obstáculos de toda clase.
Sin embargo, las universidades privadas en Chile, aún no logran, con todas estas ventajas “legales”, un lugar de credibilidad y de prestigio entre muchos estudiantes y en la sociedad en general, porque, aunque sean dinámicas, también necesitan de conocimientos, de tradición académica y de grandes reinversiones que se contradicen con el proyecto de desarrollo educativo.
Es el momento de poner fin y develar la hipocresía y doble moral tras la presentación de estas universidades como entidades sin fines de lucro. Debieran trasparentar su finalidad, pagar los impuestos y dejar de usar la triquiñuela de hacer pasar el lucro obtenido por sus dueños como gastos de jardinería o de aseo.
Los estudiantes universitarios tienen toda la razón cuando piden el cambio del sistema de Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que favorece a los alumnos que ya tienen buenos rendimientos y buena situación socio-económica y no corrige, en nada, las vergonzantes desigualdades.
¿Por qué el Estado de Chile, subvenciona a las personas que tienen altos recursos? Eso es la herencia de la dictadura. ¿Pero cuándo nos despojaremos de esta maldita herencia?
El movimiento liderado por los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, tiene sólidos fundamentos para reclamar un debate sobre el tipo de educación que deseamos. Un debate que sea abierto, amplio, honesto, donde la sociedad civil se haga escuchar y respetar por el poder político de las cúpulas, que cada vez, se distancia más de las necesidades y de los anhelos de los más desposeídos y de los más lúcidos intelectualmente.
FAVORECER EL DEBATE Y RENUNCIAR A LA REPRESIÓN
La movilización estudiantil actual va a poner a prueba el mejoramiento de la confianza entre gobernantes y gobernados, entre autoridades educativas y estudiantes o va a reafirmar su deterioro.
La democracia chilena tiene la oportunidad de escuchar a esta sociedad civil – que desea un cambio sustantivo en los lineamientos educacionales- y favorecer el debate, renunciando a la represión.
Lo otro –como me temo- es cerrarse al clamor de la comunidad educacional más activa y crítica e imponer la voluntad de una elite política que le cierra el camino a una vitalización real de la participación social.
La actitud de la presidenta Michelle Bachelet va a ser decisiva. O se tomará el camino fecundo, aunque difícil, del diálogo efectivo y se discutirán seriamente las propuestas de los diputados críticos al proyecto o se tomará el camino fácil de la represión y del silenciamiento de los insatisfechos.
*Hector Vera es periodista y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, USACH