Según la página web del Senado, expuso la ministra del ramo, señalando hábilmente que el objetivo del proyecto es generar mayores instancias de participación ciudadana en la elaboración de los Planes Reguladores y dotar a las comunas de mayores instrumentos de gestión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Como tenemos una mirada un tanto distinta a la oficial, debemos recordar que oportunamente diversas organizaciones de la sociedad civil informada expresaron sus opiniones contrarias a esta iniciativa gubernamental e incluso muchos de sus dirigentes viajaron a Valparaíso con el propósito de entregarles antecedentes a los senadores para que votaran en consciencia y por lo tanto en contra.
Uno de esos documentos es el preparado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y como estimamos que éste influyó sobremanera en los senadores para que aplazaran la votación, transcribimos su conclusión y así los lectores deduzcan :
“Del análisis de esta propuesta de ley, se concluye recomendar una reflexión más detenida y participativa del tema, por cuanto la urgencia de satisfacer las demandas que impone el desarrollo urbano agilizando los procesos y flexibilizando las normas, no debe poner en riesgo la calidad urbana y del medio ambiente en que se emplazan nuestras ciudades, lo que en último término determinará la calidad de vida de los ciudadanos que es el principal objetivo declarado por el proyecto, y el objetivo último de la planificación urbana.
En síntesis, se estima que una propuesta integral y sustantiva a la modificación de la normativa que rige a los Planes Reguladores debería contemplar entre otros aspectos:
1) Analizar con detención las competencias de los distintos niveles de planificación y gestión, de manera de definir con claridad el alcance de las normativas de trascendencia local que pueden ser ejercidas más descentralizadamente por los Municipios, y aquellas que corresponden al nivel Intercomunal o Regional de Planificación Urbana. Esto con la finalidad de simplificar procedimientos apoyando la descentralización de la gestión local, pero sin arriesgar la coherencia del sistema de planificación en sus distintos niveles territoriales.
2) Analizar y determinar las reales causas de los excesivos tiempos de tramitación de los Planos Reguladores, y racionalizar los procesos de formulación y aprobación de estos instrumentos revisando las exigencias y trámites que actualmente se imponen a los Planos Reguladores desde el nivel central, y apoyando centralizadamente la ejecución de estudios que puedan abordarse desde el nivel regional, pero que sean útiles a la planificación de los Municipios en el nivel local (ej: sistemas georeferenciados de información a escalas adecuadas, estudios de capacidad de infraestructura y equipamiento, etc.).
3) Evaluar la real capacidad de los Municipios para aplicar las disposiciones de esta propuesta de Ley, a fin de tomar las medidas de capacitación necesarias, en el caso que se requiera.
4) Examinar y concordar una política en torno al recurso suelo de valor natural amenazado por el avance urbano, lo que debería orientar la ejecución y gestión de los instrumentos de planificación urbana en relación a este aspecto, en todos sus niveles.
5) Evaluar las Políticas de Vivienda desde el punto de vista de los objetivos del desarrollo urbano que se pretende impulsar, para determinar la necesidad de cambios que apunten hacia ciudades más competitivas, sustentables e integradas, puesto que esto no sólo se logra con el aporte del sector privado vía compensaciones o cesiones, sino que con un sustantivo esfuerzo del Estado”.
Este resumen de expertos, escrito con el comedido lenguaje propio de los académicos, lo dice todo. Ahora esperamos que el Minvu retire su proyecto del Senado y se reformule en un espacio abierto a la ciudadanía, ya que sólo así se legitimará para estar en condiciones de ser ley de la República en unos meses más.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”