Santiago.- Con un episodio polémico se inició el 53° crucero de instrucción el buque escuela Esmeralda, en el puerto de Valparaíso, luego de un movimiento denominado de unidad nacional atacara a los representantes de la “Asociación de Amigos de Miguel Woodward” que realizaba una representación para recordar la tortura y asesinato del sacerdote inglés ocurrida en el año 1974 a bordo del Buque. Javier Rodríguez, representante del grupo de derechos humanos, se refirió al incidente explicando que su presentación frente al muelle Prat -donde se vistieron de sacerdotes maniatados, encapuchados y ensangrentados- era “pacífica”.
“Queríamos demostrar con esta pequeña representación lo que sintieron las personas que estaban vendadas y fueron torturadas. No esperábamos esta contramanifestación violenta, nosotros somos muy pacíficos, pero ellos empezaron a interrumpir nuestra manifestación y por eso reaccionamos”, explicó.
En el lugar estaban presentes también unos 1.500 familiares de guardiamarinas que se embarcaron en la nave que, de aquí hasta el 7 de diciembre atracará en más de 15 puertos de países como Grecia, Turquía e Israel, según destacó su capitán Víctor Zanelli.
JUSTICIA NEGÓ LIBERTAD A OFICIALES DE MARINA
La Corte de Apelaciones de Valparaíso negó la libertad por considerar un peligro para la sociedad a los seis oficiales de la Armada procesados por el secuestro permanente del sacerdote inglés Miguel Woodward, desaparecido luego del golpe de Estado de 1973, en el Buque Escuela Esmeralda.
Se trata de los almirantes Sergio Barros y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum, y los oficiales Juan McKay, Ricardo Riesco y el doctor Carlos Costa, todos en retiro.
Por tres votos contra cero, los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, dejaron sin efecto la decisión de otorgarles la libertad bajo fianza que les concedió el viernes el juez Luis Alvarado, que subroga a la jueza con dedicación exclusiva del caso, Eliana Quezada.
La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que “por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad”.
En un hecho inédito en casos de violaciones a los derechos humanos que involucra a la Marina, el 18 de abril la jueza Quezada procesó y dictó orden de detención en contra de los seis uniformados.
Todos ellos fueron sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, responsables de la represión en Valparaíso y de numerosas detenciones.
En el lugar estaban presentes también unos 1.500 familiares de guardiamarinas que se embarcaron en la nave que, de aquí hasta el 7 de diciembre atracará en más de 15 puertos de países como Grecia, Turquía e Israel, según destacó su capitán Víctor Zanelli.
JUSTICIA NEGÓ LIBERTAD A OFICIALES DE MARINA
La Corte de Apelaciones de Valparaíso negó la libertad por considerar un peligro para la sociedad a los seis oficiales de la Armada procesados por el secuestro permanente del sacerdote inglés Miguel Woodward, desaparecido luego del golpe de Estado de 1973, en el Buque Escuela Esmeralda.
Se trata de los almirantes Sergio Barros y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum, y los oficiales Juan McKay, Ricardo Riesco y el doctor Carlos Costa, todos en retiro.
Por tres votos contra cero, los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, dejaron sin efecto la decisión de otorgarles la libertad bajo fianza que les concedió el viernes el juez Luis Alvarado, que subroga a la jueza con dedicación exclusiva del caso, Eliana Quezada.
La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que “por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad”.
En un hecho inédito en casos de violaciones a los derechos humanos que involucra a la Marina, el 18 de abril la jueza Quezada procesó y dictó orden de detención en contra de los seis uniformados.
Todos ellos fueron sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, responsables de la represión en Valparaíso y de numerosas detenciones.