Aunque la soberanía popular es la base de un régimen democrático, lo cierto es que las sociedades le reconocen distintos grados de injerencia a la ciudadanía. De esta forma es que se habla de democracias representativas y participativas a la hora de definir su Constitución Política, sus leyes, gobiernos, parlamentos, municipios y otras instancias republicanas.
En Chile, ya se sabe que la Carta Fundamental fue sancionada en una consulta espuria de la Dictadura, que las cámaras legislativas se han venido integrando bajo un sistema electoral acotado y en que la votación no es universal y plenamente informada. Lo que se colige fácilmente al comprobar que nuestro sistema comunicacional está alta y crecientemente concentrado, como que sus medios masivos cantan al son de la ideología oficial del Estado y de las empresas que los sustentan.
Hasta el quiebre institucional de 1973, la sociedad chilena había alcanzado niveles ejemplares de ejercicio democrático, no sólo para determinar a las autoridades del Estado sino de su vasto tejido social. Sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos, federaciones estudiantiles vivían en estado de asamblea y las resoluciones resultaban del voto libre y secreto de sus integrantes. Al mismo tiempo que diarios, radios y canales de televisión mostraban las más distintas opciones de nuestra diversidad política, social y cultural. Todo un espíritu republicano que fue desbaratado por la violencia militar, el autoritarismo y el terrorismo de estado que se enseñoreo por largos 17 años en nuestra convivencia.
Después de ello, han pasado más de dos décadas y, de verdad, las transformaciones a nuestra vida institucional son muy débiles, así como existe un sinnúmero de referentes sociales aferrados a sus antiguos y ya seniles conductores, en un desprecio completo por la voz de sus integrantes, como acostumbrados a prácticas completamente autoritarias. De allí que la inmensa mayoría de los trabajadores hoy desprecien afiliarse a organización alguna y, muy especialmente, los jóvenes estén discurriendo organizarse en nuevas opciones, en vez de militar en los partidos políticos tradicionales, tan manipulados por las cúpulas, la influencia del dinero y la corrupción más desvergonzada.
Ni las universidades han recuperado, aún, los niveles de participación de sus estudiantes y administrativos alcanzados con la Reforma Universitaria de 1967, mientras que las iglesias, por ejemplo, que en algún momento se vieron forzadas a escuchar a sus feligreses, hoy vuelvan a estar completamente manejadas por sus jerarquías eclesiásticas, donde la voz de laicado es cada vez más marginal. Hasta los clubes deportivos reemplazaron a sus socios por paquetes accionarios controlados por operadores que ni siquiera necesitan ser hinchas de los mismos. Ni pensar, siquiera, que en las Fuerzas Armadas y los Tribunales de Justicia pudieran avanzar hacia alguna práctica de democrática interna.
Diga lo que se quiera, en este año electoral los candidatos presidenciales, cuanto los que postularán por un escaño legislativo, ya ha sido designados a dedo por las distintas colectividades de derecha a izquierda, pese a que en dos meses más tendremos unas curiosas elecciones primarias que, supuestamente, vendrían a profundizar nuestro régimen democrático… Vaya qué crasa ilusión, cuando hasta los organizadores de éstas reconocen que su convocatoria tiene por principal objetivo avivar la contienda electoral en un país cada vez más impertérrito frente a las elecciones, así como hastiado de escoger entre las mismas opciones.
Como la política también comete errores fatales, es que se consumó hace poco el traspié de aprobar la inscripción automática de los potenciales ciudadanos, junto con establecer la voluntariedad de su voto, con lo cual el primer proceso electoral que lo siguió arrojó un 60 por ciento de abstención y, con ello, la patente deslegitimación de nuestros pretendidos representantes. Diagnóstico que señala la posibilidad de un nuevo quiebre institucional, como muchos ya lo temen.
La tardanza en edificar la democracia prometida tiene origen en el autoritarismo heredado de la Dictadura y que dejó impregnado toda nuestra institucionalidad. Pero también se explica en la inconsciencia colectiva respecto de nuestros deberes cívicos. Gran parte de la población, desgraciadamente, desconoce sus derechos esenciales consagrados por la legislación internacional; al mismo tiempo que la ideología hecha suya por todos los gobiernos de la posdictadura propaga la ilegalidad de la huelga, de las manifestaciones callejeras y otras formas de protesta social que son garantizadas allí donde existen regímenes democráticos serios. Avalando, para colmo, la brutalidad policial para reprimir cualquier acto que pueda “alterar el orden público”, al grado que todavía se mantiene vigente la Ley Antiterrorista con sus terroríficos procedimientos.
La misma acusación constitucional que el Parlamento ha consumado contra el último ministro de Educación es expresivo de cómo en nuestra legislación las bancadas políticas bien alineadas y aceitadas por los operadores electorales fueron capaces tanto de imputar como defender a un secretario de estado para luego, apenas por un voto de diferencia, declararle la “muerte cívica” por cinco años a quien sus propios acusadores calificaron de hombre probo y como un sólido experto. En una prerrogativa típicamente colonial destinada ahuyentar a los afuerinos de la política, a los técnicos llegados a esta actividad o a una mujer que hace un lustro no era parte de los barones y baronesas de las cúpulas partidarias.
El autoritarismo entronizado en nuestro sistema, así como la ausencia de una sociedad más crítica y resuelta a frenar los abusos del poder, explican que la práctica del lucro en la educación no haya sido oportunamente denunciada y castigada por todos los gobiernos de estas dos últimas décadas, con el criminal perjuicio que se les hizo a los estudiantes y familias. Se contravino la Ley de forma grosera y hoy recién la hipocresía política repara en ello, sin más intención que aplacar el severo levantamiento estudiantil y tratar de conseguir, incluso, que los jóvenes concurran a votar por ellos. Es decir por los mismos responsables de tal impunidad.
Por lo mismo que ya observamos el descaro de toda suerte de candidatos que, contrariando de nuevo los preceptos legales, iniciaron una multimillonaria campaña electoral mucho antes de lo dispuesto. En una competencia en que se despliegan avisos en la prensa, gigantografías urbanas y camineras, como toda suerte de propaganda que ya lleva gastado más recursos que toda la dieta parlamentaria o presidencial que percibirán posteriormente quienes resulten electos. En una comprobación más de que el financiamiento de la política hoy es un ítem de los presupuestos de las empresas nacionales y extranjeras posicionadas de nuestro país, sus recursos básicos y de los poderes de nuestro feble estado ¿democrático?