Como lo he comentado en otros artículos, para mí, las acusaciones constitucionales constituyen la única facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados vinculante y con imperio. En consecuencia, en la monarquía presidencial chilena al perder el rey la mayoría parlamentaria, el parlamento queda en condición de acusar a cualquier ministro.
La apariencia jurídica de los artículos de la Constitución, son una verdadera forma de disfrazar su carácter político y sé muy bien que en este país donde reina la hipocresía, sostener este aserto probado por la historia, pareciera una expresión de cinismo. Pero no hay tal – debo confesar que soy partidario de la forma de gobierno semipresidencial, por consiguiente, esta visión de la acusación constitucional espero sirva para acercarnos a lograr esta utopía; por ahora, en monarquía, esta institución sirve para recordar al rey que con minoría parlamentaria, al menos no puede hacer todo lo quiere -.
Lograr los 58 votos que abrieron la puerta a la acusación constitucional no fue fácil: fue boicoteada por los ex ministros de la Concertación que, evidentemente, son culpables, por acción u omisión, de haber amparado el lucro, además de los neoliberales de este conglomerado (José Joaquín Brunner y los candidatos presidenciales Claudio Orrego, de la DC y Andrés Velasco, independiente) como también nada menos que la última vocera de la Presidenta Michelle Bachelet, Pilar Armanet, quien, en la Comisión especial avaló la actuación del ministro Harald Beyer. Hay que reconocer el mérito y la porfía de algunos diputados, como Marco Antonio Núñez, Sergio Aguiló y muchos otros que se mantuvieron firmes, a pesar de las presiones, incluso, en un comienzo, del presidente del PPD, Jaime Quintana.
La defensa de la acusación, por parte de la diputada Alejandra Sepúlveda, del Partido PRI, fue brillante por la contundencia de la argumentación: probó que el ministro no tuvo ninguna voluntad de investigar y fiscalizar las universidades, cuyos sostenedores lucran atropellando la ley. En el fondo es tan evidente esta acción delictual que hay que ser muy ciego para negarla, como hacen el ministro Beyer y sus antecesores concertacionistas. La diputada citó muchos de los testimonios de juristas que participaron en la Comisión que ella misma presidió, cuyos documentos fueron enviados oportunamente al ministro quien en esa ocasión los desestimó, alegando que carecía de facultades para actuar. Este argumento de la defensa del ministro es falaz, pues uno de los abogados demostró que en la misma Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), existía un artículo – que se mantuvo en la LGE – que autorizaba al ministro cancelar la personalidad jurídica de cualquier corporación o fundación universitarias, por el solo hecho de lucrar con la educación.
La defensa del ministro se parapetó bajo el argumento de que la acusación constitucional versa sobre delitos y se emplea como última ratio jurídica, insistiendo, erróneamente, que los ministros no tienen facultades para fiscalizar las universidades privadas, y que este es un rol propio de la Superintendencia; el proyecto de este organismo, presentado por el ministro Beyer, tiene menos facultades fiscalizadoras que la concedida al ministro, en la actualidad con la LGE. Mi experiencia personal es que la superintendencia no sirve para regular, en nada, al mercado: pienso que estos funcionarios, que en algunos casos terminan trabajando en las mismas empresas que fiscalizaban, debieran también ser sujetos de acusación constitucional, pero desafortunadamente, no está contemplado en la actual Carta Magna.
Al comienzo de la sesión de hoy, 4 de abril, aún no se sabía cómo votaría el diputado René Alinco que se consideraba fundamental para aprobar la acusación constitucional en la Cámara, y la sorpresa fue mayor que no sólo votó este diputado a favor de la acusación, sino que se sumó también el Diputado Pedro Velásquez – un contumaz deudor del fisco, que llegó a la vicepresidencia con los votos de la derecha -. Estos dos personajes podrían pertenecer a la Picaresca española: el lazarillo que robaba a los ciegos es un niño de pecho …-.
Me parece ridículo que los senadores tengan el carácter de juez: sólo les falta la toga a estos fatuos personajes. A la larga la acusación constitucional se va a aprobar políticamente, destituyendo al ministro, que si fuera un poco más hábil renunciaría para evitar el bochorno – cosa que no hizo la ministra Provoste, mal aconsejada por sus asesores -. Está claro que algunos senadores van a tratar de “enchuecarse y darse vuelta la chaqueta”, pero hoy la presión estudiantil y de los partidos está haciendo muy difícil responder a su verdadero “ADN” neoliberal.
La aprobación de la acusación constitucional es un primer paso en una larga batalla contra concepción de la educación como una mercancía, transable en el mercado.
Rafael Luis Gumucio Rivas
04/04/2013