La promesa de mayor igualdad entre los chilenos se ha instalado en todos las declaraciones de los diversos candidatos. De derecha a izquierda todos constatan la falta de equidad que afecta a nuestra población y la necesidad de tomar medidas al respecto antes que nuestra convivencia pueda afectarse más severamente.
Aunque les costó asumir la idea, el oficialismo ha terminado aceptando, aunque a regañadientes, que los índices de criminalidad y violencia tienen mucho que ver con las pavorosas diferencias en el ingreso de las familias, al mismo tiempo que empiezan a comprender que la entronización del narcotráfico tiene también sustento en el salario miserable de muchos trabajadores y la falta de expectativa laboral de las jóvenes generaciones.
La centroizquierda, en tanto, comienza una autocrítica respecto de lo poco o nada que hicieron sus gobiernos en materia económica al aplicar con un celo, propio de los conversos, los postulados neoliberales y permitir que el mercado regulara todo, aunque campearan el lucro, la usura del sistema financiero y se acrecentara la brecha entre los que más ganan y los que reciben un sustento precario.
En su común desvergüenza, políticos y grandes empresarios son los responsables del estado de malestar, de las protestas que se multiplican, como que la promesa democrática fuera traicionada en sus fundamentos económico sociales, como éticos. De esta forma, la posdictadura es culpable de la alta y creciente concentración de la riqueza, como de la propiedad de los medios de comunicación. Procesos en que unos y otros se han coludido con la consecuente corrupción que afecta a congresistas, ediles y altos funcionarios públicos. Fenómeno elocuentemente expresado con la condonación de las multas e intereses a uno de los más poderosos mandamases del retail , tal cual lo decidiera en propio Director de Impuestos Internos. Así como que una universidad privada haya estafado a sus estudiantes a vista y paciencia de varios ministros de Educación.
En este estado de indolencia es que podría explicarse, además, que nuestros parlamentarios se hayan concertado tan rápida y unánimemente para reajustarse sus ya abultadas dietas, poco después de regatearle un salario mínimo digno a los cientos de miles de trabajadores.
Cómo no celebrar, entonces, este consenso que ahora existe en cuanto a que la desigualdad podría traernos convulsiones sociales y cambios políticos que pusieran en jaque al sistema, como ya ocurre hasta en los países más ricos y democráticos, donde nunca hubo diferencias tan ominosas en su población. Sin embargo, tal diagnóstico común no es garantía para nada de que el país vaya a tomar las medidas efectivas para encarar la pobreza y la marginalidad en que tantos viven cuando ya estamos alcanzando un PIB de veinte mil dólares per cápita y llevamos creciendo más de un cinco por ciento al año.
Haría falta que los candidatos presidenciales se definieran, por ejemplo, respecto a la posibilidad de emprender una reforma tributaria en serio o si van a seguir buscando desregular el mercado laboral a fin de que se pueda contratar mano de obra sin salario mínimo e incumpliendo con otras obligaciones que “desincentivan el empleo”, como acaba de plantearlo uno de los más descarados editoriales del Duopolio. Asimismo, los que se ufanan de su pasado vanguardista y hasta revolucionario deberán plantearse cuántos recursos quieren efectivamente recaudar para mejorar las remuneraciones y atender a los planes sociales del Estado.
En esta materia, los postulantes a posar sus sentaderas en el sillón presidencial deberán pronunciarse frente a las promesas electorales de los sectores más radicales cuando proclaman recuperar el cobre y nuestros yacimientos principales. Junto con recuperar para el Estado la instrucción y los sistemas previsionales, como de salud. Demandas, éstas, altamente populares luego de la especulación criminal de los sostenedores educacionales, las AFPs y las isapre. Como al comprobar las ingentes utilidades de las empresas transnacionales instaladas en la minería y el suministro de energía y agua potable. En este sentido, en el temor de que sus millonarias inversiones se desbaraten, es que el Presidente de Hidroaysen acaba de ofrecer el pago de un royalty de parte de las hidroelécticas, a ver si con esto las autoridades del Gobierno actual se allanan a autorizar este ecocida propósito urdido en los gobiernos anteriores y que el actual no se atreve a consolidar.
Soluciones más explícitas debieran plantearse también los candidatos respecto de nuestra crisis institucional , a fin de no seguir empatando el tiempo si son reelectos o elegidos por primera vez (algo muy difícil , como se sabe). Definirse explícitamente ante el país de cuál será su estrategia al respecto: si seguir haciéndole modificaciones cosméticas a la Constitución y al sistema electoral o proponerse en serio convocar a una Asamblea Constituyente, para una nueva Carta Fundamental, así como para restablecer nuestro sistema proporcional. Definirse, cuando corresponda, cómo encararán la renuencia crónica del Parlamento, cuya inmensa mayoría de integrantes volverá a ser reelegido y seguirá apoltronado en él gracias al binominalismo sacralizado. Si encabezarán una ruptura con el orden heredado de la Dictadura o seguirán excusándose en los quórum que imponen estas reformas también demandadas por el pueblo.
De esta forma es que los candidatos, si son serios, deberán ofrecerle a nuestros vecinos soluciones plausibles para alcanzar la paz en nuestras fronteras y dar un testimonio al mundo de nuestra voluntad de acceder, por ejemplo, a las justas demandas bolivianas de salida soberana al mar. Deberán definir si su estrategia será la de la tozudez y la fuerza; si seguirán escudándose en un falso diálogo para postergar una solución que nos permita destinar millonarios recursos para el desarrollo y la paz y no para el más insensato y arcaico militarismo. En cuanto a nuestras relaciones internacionales, bueno sería también conocer la voluntad de los candidatos por consolidar a los organismos multinacionales de los cuales formamos parte de manera pasiva e hipócrita a objeto de seguir buscando una política “igualada” y de sumisión a las grandes potencias.
Sería saludable, asimismo, que los programas presidenciales ofrecieran medidas explícitas para promover la lectura, acabar con el indignante IVA a los libros y a tantas manifestaciones culturales. Si se comprometerán a atacar la falta de diversidad informativa, estimulando (como se hace en las democracias sólidas) el desarrollo de medios escritos, radiales y audiovisuales de distinta orientación. Si se las jugarán por el matrimonio o la unión cívica de los homosexuales. Si avanzaremos plenamente hacia la independencia real del Poder judicial, esto es con ministros y jueces elegidos por los ciudadanos o por las mismas cortes, y no por el conciliábulo o el cuoteo gubernamental y legislativo.
Si el gran pendiente de la Araucanía se abordará con más represión (pacificación) o con justicia social, real autonomía de nuestras etnias y respeto a los cánones internacionales referidos a los derechos de los pueblos y sus minorías