De no mediar la rebelión de “los pingüinos” en 2006, y las movilizaciones contra el lucro en educación en 2011, Chile hubiera continuado en el marasmo educacional al cual lo han conducido los gobiernos del duopolio: tanto Bachellet como Piñera – y sus antecesores – no tenían en sus programas de gobierno la educación pública y gratuita de calidad, razón por la cual es claramente explicable que la ex Presidenta, caída del cielo, no haya incluido una sola palabra en su filípica de aceptación de la candidatura presidencial.
Es de toda lógica que omita este tema pues, durante su gobierno, en vez de favorecer la educación pública gratuita, pactó con la derecha la Ley General de Educación, que legaliza el lucro y fortalece la educación privada.
Como la memoria es frágil, las fanáticas y fanáticos de Michelle Bachelet olvidan que escenas tan ridículas como aquella en que celebran manifestaciones de júbilo el Acuerdo entre los presidentes de partidos de derecha y ministros y demás funcionarios del gobierno de Bachelet. Afortunadamente, están grabadas las frases – para la historia – de Pedro Montt, alto ejecutivo del Ministerio de Educación – ¡Vaya nombre más histórico! – que interpreto, como un hecho memorable, que se tomaran de la mano Yasna Provoste con Carlos Larraín, Hernán Larraín con Sergio Bitar, y así sucesivamente.
¿Cómo se le puede pedir a los seguidores de esta gran y querida dama de la república que esté, abiertamente, en contra del lucro en las universidades privadas si muchos de ellos y ellas son dueños de universidades que están bajo sospecha de llevar a cabo esta práctica? -Baste recordar al rector de la universidad Pedro de Valdivia -.
Los ministros de Educación de los cuatro gobiernos de la Concertación y los del actual gobierno no aplicaron la ley que prohíbe el lucro en las universidades privadas, (es cierto que la ley no permite actuar contra ellos), sin embargo, lo legal no es sinónimo de lo ético, que los responsabiliza, no sólo de negligencia, sino también de “mirar para el lado”. Muchos de ellos reconocen que sabían de la situación, pero legalmente no podían actuar.
Esta argumentación sería aceptable si en Chile no existiera la monarquía presidencial donde el rey puede, fácilmente, controlar el calendario legislativo y fijar urgencias; si hubiera existido un vacío legal sobre este tema, hubiera bastado que el Presidente hubiera enviado un proyecto de ley de discusión inmediata – como alguna vez lo hicieran para salvar a la Democracia Cristiana, al filo de la ilegalidad en la inscripción electoral -, también podrán justificarse porque la derecha votaría en contra, en el Parlamento, que ya “es una vieja canción cebollera”.
Difícilmente la bella, angelical e inteligente reina Michelle puede hablar libremente sobre el tema de educación pública, gratuita y de calidad cuando un número considerable de sus seguidores es partidario de la educación privada y del lucro, en todos sus niveles – se da el caso de que la ex ministra de Educación, es dueña de varios colegios subvencionados y, Gutenberg Martínez, de la Universidad Miguel de Cervantes -.
Ideológicamente, los neoliberales de Expansiva, con Andrés Velasco a la cabeza, no le hacen asco al lucro, en todos los niveles de educación; lo mismo ocurre con el candidato Claudio Orrego – protegido del conservador DC Ignacio Walker – y sobre todo, del mejor especialista de la Concertación en educación, José Joaquín Brunner.
Los debates en la Comisión que trata de la acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer han permitido destapar la olla en varios aspectos: 1) las declaraciones de Patricio Basso – ex secretario general del Consejo Nacional de Educación – dejó en claro que el ministro Beyer conocía perfectamente las denuncias de lucro en ciertas universidades privadas, especialmente la Santo Tomás y la U. del Mar, a partir de una denuncia de esta institución, del 14 de junio de 2012. 2) la abogada y profesora universitaria, Carola Canelo y sus colegas de la U. de Chile, dejaron en claro la ridiculez jurídica de en que un organismo privado – como lo es el Consejo Superior de Educación – la mayoría de sus miembros sean nominados por los miembros de las universidades que son fiscalizadas, lo que equivaldría, según esta profesional, a que, por ejemplo, la Dirección del Trabajo estuviera compuesta por los patrones –“e gato cuidando la carnicería”-. 3) María José Lamaitre, ex jefa del Consejo Superior de Educación, sostuvo que durante su mandato se cerraron varias universidades, algunas de ellas acusadas de lucro. 5) El único diputado de la oposición, miembro de la Comisión, sostuvo la mezcla de intereses entre el presidente de la Comisión, diputado Cristián Leteleir, de la UDI, al haber pertenecido a la U. Santo Tomás, puesta en cuestión sobre el tema del lucro.
En la Comisión de la Cámara se probó que la acreditación era la mejor forma de garantizar el aporte del Estado – por medio de CAE – y, además, hacer que las universidades multiplicaran, geométricamente, el número de alumnos, como también la proliferación de sedes y carreras en todo el país. Es a partir del logro de la acreditación de cada una de las universidades que los grandes fondos de inversión se interesaron en ellas, como un nicho fácil y seguro de rentabilidad, así, la educación se ha ido convirtiendo en la “gallina de los huevos de oro” o del “rey Midas.
Todos estos escándalos, robos y abusos hubieran continuado en la penumbra si los estudiantes no hubieran sacado la voz y denunciado la complicidad de la casta política, que está convertida en una mafia feudal, que se reparte la administración pública y usan el Estado como un botín, donde siempre son perdedores los chilenos de a pie.
¡Cuánta razón tenía Violeta Parra al cantar “que vivan los estudiantes”! que constituyen la reserva ética en un país en el marasmo moral.
Rafael Luis Gumucio Rivas
29/03/2013