El 11 de Abril de 2002 militares y empresarios venezolanos con la infaltable participación norteamericana arrestaron al presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, y en su lugar impusieron ilegalmente al empresario Pedro Carmona, quien juró por sí y ante sí, con un grupo de militares a sus espaldas, la presidencia que “asumía”.
El gobierno chileno emitió una declaración respaldando el golpe en la cual se lee “El gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”.
El ex presidente Ricardo Lagos ha dicho que esta declaración – absolutamente vergonzosa a estas alturas – fue cosa del embajador chileno en Caracas Marcos Alvarez y este ha dicho que su antiguo compañero de estudios miente y que él anunció que la embajada estaba abierta a todo el mundo que pidiera eventualmente asilo.
Creo fundadamente que ambos mienten en provecho propio.
Este golpe fue la culminación de una serie de maniobras de una estrategia clásica contra los gobiernos populares en Latinoamérica. Primero se recurre al desorden social, terrorismo incluido, luego con los medios de prensa dispuestos, que son siempre propiedad oligárquica, se acusa al gobierno y por último las fuerzas armadas intervienen en “defensa de la patria y la democracia en peligro”. Esto es libreto conocido y ha sido el mecanismo que ha permitido las más salvajes dictaduras y las peores violaciones a los Derechos Humanos; los chilenos lo sabemos en carne propia.
En las maniobras previas, que incluían el desprestigio internacional del gobierno venezolano a derrocar, tuvo destacada participación el partido democratacristiano chileno con antiguos y lucrativos vínculos con la clase política corrupta de Venezuela, enemiga acérrima de la revolución bolivariana.
Por esos días yo era un dirigente del partido socialista y esperaba la inmediata condena al golpe militar. En busca de informaciones me dirigí a la cancillería chilena para la cual había trabajado hasta hace muy poco tiempo. Un funcionario, hombre de convicciones democráticas, me mostró el mensaje enviado de Caracas por el embajador Alvarez en el que se señalaba que había dado el día libre al personal y cerrado con cadenas la embajada para que ningún chavista osara o tuviera ante quien pedir asilo. Pedía instrucciones sobre qué hacer si acudía Vicente Rangel que estaba casado con chilena. Quedé helado pues el embajador Alvarez había sido también un exiliado. La condición humana, me dije.
Estábamos en eso, cuando sale la canciller Soledad Alvear y en la entrada principal de la entonces Cancillería ante numerosos periodistas lee la infame declaración ya reproducida en parte.
Esa declaración fue leída también por el embajador Álvarez en Caracas. La declaración obviamente no la redactó ni la autorizó el embajador sino sus jefes Alvear y Lagos, por supuesto. Una cosa tan relevante no la resuelve un embajador, pero Álvarez que ya sabía, cuando menos, del apoyo al golpe – esto es lo que explica el cierre de la embajada sin autorización de Santiago – concordaba plenamente con sus jefes en respaldar la dictadura, necesariamente sangrienta, que se estaba imponiendo.
Me encargué personalmente de hacer saber a los medios de prensa la actitud inconcebible para un gobierno democrático de cerrar las puertas a eventuales exiliados. Esto causó sorpresa e indignación en los medios democráticos.
El contragolpe ciudadano y militar que restableció a Chávez y la democracia en Venezuela al día siguiente hizo ya insostenible la permanencia de Álvarez en Caracas. No lo sacaron por respeto a la democracia venezolana sino porque su permanencia era casi una provocación. La poco decorosa actitud de Alvarez que le pidió, y se la dieron, una reunión para despedirse y disculparse de Chávez sólo demuestra la poca consideración del embajador con su propia dignidad y la caballerosidad extrema del presidente venezolano, mucha más de la que su interlocutor merecía.
Asistí a la reunión habitual de la comisión de relaciones internacionales del PS y expresé allí mi malestar por un gobierno, que era el nuestro, que justificaba golpes de estado. El presidente de la Comisión, Luis Maira, me respondió enfurecido y llegó incluso a conminarme a salir de la sala. De haber visto viabilidad en la agresión física la habría intentado, sólo la intervención moderadora de Carolina Rossetti le hizo recuperar la calma y las formas. Luego se desahogó con diatribas al kichnerismo argentino que señaló como otra muestra del populismo.
Años después Maira le rogaría a Piñera, terminado el gobierno de la concertación, seguir como embajador suyo en Buenos Aires, pero esa es otra historia.
En todo caso, las groserías de este profesional de la política me dejaron en claro que el golpe de Estado en Venezuela era respaldado por toda la cúpula concertacionista, la cual ya bailaba, sin rubor alguno, a los ritmos de su tan admirado Estados Unidos de Norteamérica.
ROBERTO AVILA TOLEDO