Madrid.- Cuando Jyrki Katainen visitó España el verano pasado ya demostró que venía de una cultura política distinta. El primer ministro finlandés llegó en turista y con una escolta mínima, que en España resultaría casi ridícula para acompañar a un jefe de Estado. Solo tres asesores y dos policías flanqueaban al líder nórdico. Prueba de que en Finlandia un cargo innecesario es un cargo inexistente.
La economía nórdica es junto con Nueva Zelanda, Dinamarca o Suecia, uno de los países que se lleva el sobresaliente en el ranking de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional (TI) cada año. Las economías nórdicas son un espejo, siempre impoluto en el que nuestro país, debería mirarse a la hora de armarse contra la corrupción.
Valen los codos, no los dedos
La «política despolitizada» resume el modelo nórdico. Acceder a un cargo público en Finlandia es más una cosa de poner «codos», que de que a uno lo elijan a «dedo».
Es raro que por ejemplo un secretario de Estado sea designado por un partido político. Al contrario, debe demostrar sus aptitudes para el puesto en base a criterios de mérito y capacidad.
La máxima expresión de este principio se encuentra en la administración local. Excepto en la capital, Helsinki, no existen en Finlandia alcaldes como los conocemos en España, si no «managers», o tecnócratas con amplia experiencia administrativa. Estos gerentes no pertenecen a ningún partido y pueden ser despedidos si no cumplen las expectativas del puesto.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España apunta también a «la educación y la cultura de los ciudadanos» como posible explicación. «Hace muchos años que los países nórdicos están educados en otros valores y eso hace que sus instituciones sean más sólidas».
Además, recuerda Lizcano, el país cuenta con «un sistema de información transparente» que permite que cualquier decisión que toma un cargo público sea inmediatamente conocida por sus ciudadanos o que el primer ministro tenga la obligación de comparecer dos veces por semana para explicar los asuntos del país y dar a conocer sus cuentas.
La obligación finlandesa del desnudo fiscal se extiende también a los ciudadanos. Desde los millonarios ingresos del CEO de Nokia, Stephen Elop, hasta la modesta paga de un pensionista deben ser públicos y visibles.
La ley no hace la trampa en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda, que empata con Finlandia en limpieza con un 90 sobre 100, fue uno de los pioneros a la hora de blindarse contra la corrupción.
Tras un período de depresión económica en los 90, Nueva Zelanda, aprendió la lección. Promulgó una norma que establecía ya entonces férreas directrices para mantener la disciplina fiscal y la transparencia de sus instituciones. En otras palabras, por primera vez se forzaba al Gobierno a rendir cuentas de sus actos ante sus votantes de forma regular.
La Fiscal Responsibility Act, promulgada en 1994, en un modelo normativo internacional de responsabilidad gubernamental que ha inspirado al mundo entero.
La corrupción, anecdótica
Aunque las economías nórdicas parecen inmunes a la enfermedad de la corrupción, hay excepciones. Por ejemplo, el exministro y exalcalde de Farum Kommune, Peter Brixtofte, fue condenado en 2007 a dos años de cárcel por abuso de poder en Dinamarca.
También en Suecia, la pasión por el chocolate le jugó una mala pasada a la socialdemocrata Mona Shalin, cuando en 1995 compró una chocolatina con la tarjeta oficial del partido. Shain perdió la oportunidad de llegar a la jefatura del Estado por culpa del capricho, que el público y los medios bautizaron como «escándalo Toblerone».
También el socialdemócrata sueco Thomas Bodstrom defraudó a su electorado al intentar compaginar la abogacía con el cargo de diputado. Aunque esta doble actividad no supone un delito en Suecia, a su partido le faltó tiempo para mandarlo lejos de su área de influencia.
Es justo esta política de reacción e inmediata repulsa la que en opinión de Lizcano deberíamos incorporar en nuestro país: «en estas culturas los políticos dimiten con mucha más facilidad», lamenta el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Quien la hace debería pagarla
Lizcano recibe con los brazos abiertos la nueva ley de Transparencia en la que está trabajando el Gobierno de España ya que «al menos va a ser informativamente más clara y obligará a las instituciones a ser transparentes». Sin embargo, cree que este proyecto de Ley tiene flaquezas que fácilmente pueden dejarlo en papel mojado.
Es el caso de la figura del «silencio administrativo negativo», que la norma recoge en su artículo 17.4 como una de las causas de “desestimación” de las peticiones sobre las cuentas. Eso quiere decir que si a la administración no le interesa contestar a una solicitud de información, todo lo que tiene que hacer es dejarla correr y se entenderá como desestimada.
Además Transparencia Internacional (TI) lamenta que el órgano encargado de examinar el comportamiento de los partidos sea directamente dependiente del ministerio de Hacienda.
Este y otros puntos deberán ser discutidos para dar forma a la definitiva Ley de transparencia, que como ya anunció el presidente del Gobierno, y en respuesta a las críticas de esta organización, finalmente incluirá a Partidos Políticos y Sindicatos como sujetos activos de la obligación de informar.
Tal y como recordaba Antonio Garrigues Walker, otro de los impulsores de TI en declaraciones a ABC Punto Radio, «en los últimos 18 años España ha bajado del puesto 21 al 30 y a día de hoy todavía no cuenta con una ley de transparencia en vigor».
Aunque es cierto que no somos Italia (en el puesto 72 y subiendo), la nueva norma que prepara el Gobierno en Transparencia y el prometido pacto contra la corrupción, parecen hoy más necesarios que nunca.