Según la evaluación del Ejecutivo, el pasado 11 de septiembre, jornada que terminó con un carabinero muerto, se apreció una conjunción entre elementos vinculados al narcotráfico y lumpen, azuzados en algunos sectores por grupos políticos que propugnan una “lucha contra el sistema”.
OPOSICIÓN PRESENTA PLAN ALTERNATIVO
El senador opositor de Renovación Nacional (RN) Alberto Espina describió el plan alternativo que elaboró junto Sebastián Piñera el cual aborda la prevención del delito, cumplimiento efectivo de penas, rehabilitación del delincuente y apoyo a la víctima.
Las medidas, que en total superan las veinte y que se elaboran desde hace más de tres meses, serán presentadas por etapas, siendo las primeras oficializadas dentro de los próximos días, en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, de acuerdo a lo expresado por el senador Espina.
Entre los aspectos más destacados se cuenta la incorporación de doce mil carabineros en un plazo de cuatro años; la implementación del programa Vecino Seguro, que incluye a la comunidad en labores de prevención; la ampliación de los programas de consumo de drogas pues los actuales “son absolutamente insuficientes”; y creación de un programa de prevención de consumo de alcohol, hasta ahora inexistente en el país.
En cuanto a las penas, el legislador adelantó la creación de jueces abocados a fiscalizar su cumplimiento efectivo, debido a que “hoy día cuando una persona es condenada nadie hace un seguimiento de si se cumplió o no la pena (…) los delegados no cumplen sus funciones, están absolutamente sobrepasados”.
Asimismo, pretenden establecer el trabajo en beneficio de la comunidad como principal pena alternativa, en reemplazo de la reclusión nocturna, la libertad vigilada y la libertad condicional; e incluir como causal de notable abandono de deberes a ministros de Corte de Apelaciones que califican bien a jueces a quienes se les revoca reiteradamente resoluciones de libertad de delincuentes.
Además de control, la agenda incluye medidas que tienden a la rehabilitación del delincuente, como el establecimiento de incentivos tributarios para aquellas empresas que contraten delincuentes condenados con el fin de que realicen trabajos desde la cárcel. El producto de este trabajo, se destinaría a la manutención de su familia.
Pero también la agenda refuerza la protección a las víctimas de delitos, proporcionándole un abogado por parte del Estado en aquellos casos de mayor connotación social, tales como robos en todas sus categorías, abuso sexual, homicidio y tráfico de drogas, entre otros.
“Hoy día en Chile el delincuente tiene un abogado, que es el defensor público, el Estado tiene un abogado, que es el fiscal, pero la víctima en Chile no tiene abogado. Si una persona es víctima de un delito, el Estado no le proporciona ningún abogado y, sin embargo, se lo proporciona al delincuente”, argumenta Espina.
Finalmente, plantean aumentar, con una cobertura mínima del 50 por ciento, la atención de víctimas y testigos, pues en la actualidad los niveles de atención, salvo en los casos de delitos sexuales, apenas superan el 1 por ciento en promedio.