Siempre que se cuantifican los destrozos a la propiedad pública y privada después de los actos convocados por organizaciones sociales o cuando se conmemora el violentísimo golpe de estado del 73, emergen las voces acusadoras. La tele muestra imágenes impactantes, las autoridades se sienten apuntadas con el dedo e intentan dar una imagen de firmeza pero no violenta de la represión policial habida contra los incontrolados. La derecha como siempre, depositaria de la mano dura y del orden, deja oír su voz fantasma que nos dice que en este país ya no se puede vivir.
Siempre que se cuantifican los destrozos a la propiedad pública y privada después de los actos convocados por organizaciones sociales o cuando se conmemora el violentísimo golpe de estado del 73, emergen las voces acusadoras. La tele muestra imágenes impactantes, las autoridades se sienten apuntadas con el dedo e intentan dar una imagen de firmeza pero no violenta de la represión policial habida contra los incontrolados. La derecha como siempre, depositaria de la mano dura y del orden, deja oír su voz fantasma que nos dice que en este país ya no se puede vivir.
Es como si hubiera solo ciertos momentos para enterarnos que en el seno de nuestra sociedad, existen tremendas desigualdades sociales y que fuera de libreto, se manifiestan violentamente en contra la propiedad privada o pública que se atraviese a los ojos furibundos de los manifestantes.
Al anochecer, en los barrios pobres y abandonados, salen a relucir frente a las cámaras de TV que como es costumbre los esperan sin siquiera concertarse, las armas de fuego de “los soldados de los narcos”. Son jóvenes que forman parte de la seguridad del triste negocio que se ha tomado las poblaciones periféricas y que han sido armados por los traficantes de drogas para su protección, para arreglos de cuentas o para quitarles a otros colegas la preciada mercadería.
Para la policía y por cierto que para el gobierno, esta situación no sorprende cómo sorprende al atónito televidente, que tiene solo estas contadas fechas para enterarse de esos inaceptables actos vandálicos que seguramente ya habrá olvidado para cuando esta nota sea publicada.
Para los bandidos estas fechas son esperadas con ansiedad para realizar estos torneos de gallito con la policía, para prestigiarse de arrojo y cartel entre sus competidores. Es por ello que resultan ridículas de escuchar, ciertas iniciativas de ley de honorables diputados, que cuidan su imagen de dureza frente a los desmanes, cuando dicen que la “responsabilidad civil” de estos jóvenes, deberán ser asumidas por sus padres. Que vayan por favor a los carteles a requerir a esos padres para que paguen los daños.
Si comparamos con sabiduría y sin pasión los daños a la propiedad pública o privada cometidas por estas fechas, con otros que ocurren todos los días y de los cuales nadie se informa sino cuando no hay nada que hacer, entonces deberíamos admitir que el costo de las protestas, son cercanos al valor cero. Haga ud.el ejercicio de cuantificar los daños en millones, en miles de millones de pesos, en contra de la propiedad pública, que se dado lugar en virtud de los contratos que ha realizado el Estado con los operadores del Transantiago por ejemplo, o el de ciertas operaciones bursátiles de las AFP en contra del patrimonio de millones de ciudadanos o el contrato del Estado con los dueños del negocio de Pascualama, etc.
Al anochecer, en los barrios pobres y abandonados, salen a relucir frente a las cámaras de TV que como es costumbre los esperan sin siquiera concertarse, las armas de fuego de “los soldados de los narcos”. Son jóvenes que forman parte de la seguridad del triste negocio que se ha tomado las poblaciones periféricas y que han sido armados por los traficantes de drogas para su protección, para arreglos de cuentas o para quitarles a otros colegas la preciada mercadería.
Para la policía y por cierto que para el gobierno, esta situación no sorprende cómo sorprende al atónito televidente, que tiene solo estas contadas fechas para enterarse de esos inaceptables actos vandálicos que seguramente ya habrá olvidado para cuando esta nota sea publicada.
Para los bandidos estas fechas son esperadas con ansiedad para realizar estos torneos de gallito con la policía, para prestigiarse de arrojo y cartel entre sus competidores. Es por ello que resultan ridículas de escuchar, ciertas iniciativas de ley de honorables diputados, que cuidan su imagen de dureza frente a los desmanes, cuando dicen que la “responsabilidad civil” de estos jóvenes, deberán ser asumidas por sus padres. Que vayan por favor a los carteles a requerir a esos padres para que paguen los daños.
Si comparamos con sabiduría y sin pasión los daños a la propiedad pública o privada cometidas por estas fechas, con otros que ocurren todos los días y de los cuales nadie se informa sino cuando no hay nada que hacer, entonces deberíamos admitir que el costo de las protestas, son cercanos al valor cero. Haga ud.el ejercicio de cuantificar los daños en millones, en miles de millones de pesos, en contra de la propiedad pública, que se dado lugar en virtud de los contratos que ha realizado el Estado con los operadores del Transantiago por ejemplo, o el de ciertas operaciones bursátiles de las AFP en contra del patrimonio de millones de ciudadanos o el contrato del Estado con los dueños del negocio de Pascualama, etc.
Dejemos entonces que pague Moya, (el Estado de Chile), esas cuentas menores, ocurridas en los días de protesta, que son como cuando en un asado familiar se quiebran algunas copas ordinarias o se vomita o se orina las paredes del baño de visitas, y vamos preocupándonos en serio de los destrozos que están ocurriendo en el medio ambiente en que vivimos, en nuestras pensiones y en nuestra genuina tranquilidad. Y que por lo demás son perpetrados tranquilamente por bandidos de verdad, de esos que usan cuello y corbata.