El Estado en la pendiente de la represión

El subsecretario Felipe Harboe fustigó ayer a los analistas que, desde sus escritorios, intentarán desentrañar los significados de los luctuosos sucesos que terminaron con la muerte del cabo de Carabineros Cristián Vera. Si está ofuscado el funcionario de Interior podríamos entenderlo, porque una muerte sin sentido indigna y repugna. Pero creemos que, a estas alturas, Harboe muestra la cara más represivamente conservadora del régimen de la Concertación. Lo hace sin ambages ni matices, a diferencia de su jefe, Belisario Velasco, que no se deja llevar por la locuacidad para justificar sus actuaciones.

Lo que no entienden los Velasco, Harboe y Delpiano es que el derecho a manifestarse es irrenunciable e inalienable y que la autoridad debe conjugarlo sabiamente con su deber de dar seguridad a la ciudadanía. Ese es un problema que no han resuelto los gobiernos democráticos e incluso ha tendido a agravarse. El derecho a conmemorar el 11 de septiembre y el de protestar por desigualdades y salarios inmorales no puede quedar a merced del vandalismo desatado por sectores de la sociedad que aprovechan cada manifestación, incluso de festejo de triunfos deportivos, para desatar su ira y resentimientos. Según el modelo represivo puesto  en ejecución por el ministerio del Interior ni siquiera tales victorias pueden ser objeto de aglomeraciones en Plaza Italia y las principales avenidas porque entraban la libre circulación y dan pretexto a los delincuentes para desatarse.

Si el libremanifestante es un rehén del vandalismo lo es, en definitiva, por culpa de un Estado que sabe reprimir, pero no resolver los graves problemas sociales que constituyen el caldo de cultivo de la violencia colectiva. Es lo que falta en la óptica del subsecretario, ensimismado como está en resguardar el orden público. No se trata de solazarse con análisis, sino de colocar el dolor por la muerte injusta de una persona en el cuadro en que ésta ocurrió.

Y cuidado con descargar el dolor funcionario en los manifestantes detenidos, como se denunció que ocurrió en la Sexta Comisaría de Santiago con jóvenes sometidas a vejámenes sexuales. El funcionario público tiene el deber de la ponderación y la sangre fría y no el derecho a la irritabilidad, porque, de lo contrario, tendremos un Estado descontralado frente a una sociedad algo exasperada. Encauzar las corrientes sociales ha sido el deber de los gobiernos de la Concertación, la que se forjó en la protesta y la acción callejera. Cuando ésta fue reprimida salvajemente por la dictadura -culminando, en 1986, con la quema de los jóvenes Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana por una patrulla del Ejército comandada por el teniente Ditus-, la movilización se detuvo, y los dirigentes de la Asamblea  de la Civilidad fueron a dar a la cárcel. Pero todo reemergió de otra manera, y decisivamente, en las urnas de votación dos años después, propinando una derrota política a Pinochet en su plebiscito presidencial.

Hoy, la represión en el día tiene éxito, logrando los Once y preOnce más ordenados de los últimos años. Pero durante la noche la situación se desborda, en los escenarios propios de la marginalidad. La respuesta a la represión es, entonces, una bomba de tiempo, cuyas esquirlas pueden tener efectos político-electorales también para la coalición de centroizquierda.