Esta particular situación personal no entrababa la fluidez del funcionamiento del equipo asesor, y al contrario, el Primer Mandatario sacaba partido de las diferencias intelectuales que podían surgir, para procesarlas positivamente. Hoy, en el gobierno de Bachelet el ministro del Interior ha terminado por admitir sus discrepancias con su colega de Hacienda “respecto de algunas definiciones… Yo creo que hay que buscar mayor equidad entre trabajadores y empresarios, lo que se ha visto reflejado en algunos conflictos. Y tenemos una aproximación diferente en distintos problemas relacionados con la economía”.
Estas declaraciones a “El Mercurio” del domingo último aparecieron justo después que la Presidenta se quejara públicamente de la excesiva “locuacidad, más allá de toda prudencia” de los ministros del área política, aludiendo así a las pugnas que sacuden al gabinete. En el gobierno de Lagos las diferencias nunca salieron a la luz tan sostenida y confirmadamente, aun cuando la propia Michelle Bachelet, como ministra de Salud, sostuvo una soterrada pugna con el asesor presidencial Hernán Sandoval, médico como ella. Ahora, en cambio, hasta se filtran documentos de discusión interna con el objetivo indisimulado de socavar a una de las partes en disputa. Y Belisario Velasco se permite preguntar a la periodista que lo entrevista si Andrés Velasco está en las listas que circulan con candidatos al relevo ministerial.
Tales conductas ponen de relieve la paradojal fragilidad del omnímodo poder presidencial que rige en Chile. Porque quien lo ejerce debe ser a la vez Jefe de Estado y de Gobierno y también líder del partido o la coalición que lo sostiene. La primera atribución debiera impedir descender a la menudencia de la marcha gubernativa y administrativa, de modo de preservar la majestad republicana con que necesita ejercerse la representación de la Nación. Es por ello que en los regímenes parlamentarios y semiparlamentarios ambos cargos están separados; el jefe de Gobierno, generalmente salido del Parlamento, se sumerge en la contingencia política y detenta el liderazgo de su partido. Como Chile se adscribe a la tradición continental de Estados Unidos y América Latina, el Presidente de la República necesita, para sacudirse de las vicisitudes cotidianas, utilizar a sus ministros como fusibles.
En Chile, aunque éstos acostumbran repetir ritualmente que sus cargos siempre están a la disposición presidencial, muchas veces expresaron facialmente su decepción en las ceremonias de relevo, para después sumirse en el silencio. Las cosas están cambiando. La “locuacidad” se apodera no sólo de los ex funcionarios, también de los que están en pleno ejercicio. Se ha dicho que la Mandataria no les da mucho espacio para actuar y que compartimenta demasiado sus procesos de decisión. Es una interpretación arriesgada atribuir a ese estilo la motivación para hablar tanto. También se podría argüir que la pauta la da la propia Presidenta, al explayarse, en distintos momentos, en variadas consideraciones: duración real de su mandato, reforma constitucional, lectura pública del “Decálogo” a ministros y colaboradores, intuiciones frente al Transantiago etc. Hasta la queja ante los periodistas por las pugnas interministeriales y su aclaración de ayer de que “el vocero sí debe hacer ruido” podrían exhibirse como ejemplos de contraproducente “locuacidad”.
Al igual que en el período de Lagos, la gestión gubernamental está atravesada por las visiones distintas entre neoliberales, por un lado, y socialdemócratas y socialcristianos, por el otro. En aquel caso la pugna se resolvió finalmente a favor de los primeros, a juzgar por los balances que desde sectores del socialismo y la DC se hacen de ese sexenio. Tal vez la anterior administración tuvo la habilidad comunicacional de revestir de solvencia técnica muchas de sus decisiones. Como la sensibilidad de Bachelet es más de izquierda que la de Lagos, tal vez ella tenga un problema para dirimir. Junto a la definición que hizo el año pasado en pro de un Estado social de Derecho, la Presidenta está consciente de la necesidad de preservar un activo de la Concertación: la eficiente gestión de la macroeconomía.
El problema está –siguiendo razonamientos del ex asesor Eugenio Lahera- en no aflojar en el monitoreo presidencial de las decisiones de Hacienda, “dada la centralidad de este ministerio” en el conjunto del trabajo gubernativo, para así evitar que los técnicos superen a los políticos y se caiga en la tecnocracia.