Quedó demostrado que los crímenes del régimen militar constituyen un fardo demasiado pesado como para que, al menor estímulo, no reaparezca perturbadoramente en escena. Es cierto, ya no va a conmover los cimientos de la transición, porque los militares están neutralizados, los empresarios se sienten más o menos contentos y la judicatura coopera con el gobierno, claro que con las limitantes que ella misma se asigna. Lo que digan los oficiales en retiro ya no tiene más efecto que provocar la rápida y “funante” respuesta de las agrupaciones de DDHH. La multiplicidad de los círculos de aquellos –con siglas indigeribles como Cosfar, Cooperfa y Ossped- revela una dispersión orgánica que no se resuelve necesariamente con actos conjuntos, los que no tienen, por lo demás, mayor eco en la ciudadanía.
Esto último ocurre por lo difícil que resulta para el sentido común entender el concepto de “honor militar” que enarbolan quienes vistieron uniforme. Más allá de si hubo o una guerra –que definitivamente no la hubo, según la definición clásica de enfrentamiento entre dos partes armadas- quedó claro en la conciencia colectiva que los inmisericordes métodos usados fueron los de un estado policial y no de una nación en guerra. Y los agentes principales de ese terrorismo “oficialista” fueron soldados formados según códigos en que no caben el arresto subrepticio, la desaparición forzada y el ocultamiento de evidencias.
Iturriaga -actuando con chapas como “Don Elías” en la brigada Purén y falsificando identidades para viajar al exterior- fue uno de esos agentes y sólo 30 años después la justicia lo sentenció. Sus camaradas se indignan porque se le sindica como “delincuente” y se le pone en listas de búsqueda junto a pederastas y terroristas. No reparan en que éstos al menos actuaron como particulares, mientras que los violadores de DDHH lo hicieron amparados en su condición de funcionarios públicos pagados por la sociedad, a nombre del poder ejecutivo de un Estado que se las arregló para que el poder judicial no siguiese un debido proceso a los perseguidos ni a sus victimarios.
La indolencia de entonces de este último poder se reproduce ahora al no detener de inmediato al condenado, apenas se pronunció la sentencia, y pactar, en cambio, su presentación voluntaria al penal, bajo “palabra de honor”. También al hacer llegar la orden de captura 26 horas después de que se constatara su desaparición. Y ya conocido el DVD con su declaración de rebeldía, un funcionario de gobierno creyó necesario puntualizar, a una pregunta, que el general en retiro seguirá recibiendo su pensión de jubilado.
Otra falta al honor por el procesado fue utilizar todas y cada una de las instancias que le garantiza el sistema, para desconocer la sentencia definitiva desfavorable. En su“ya no más”, el condenado arguye ausencia de debido proceso porque se sustenta en una ficción jurídica: el secuestro permanente. Pero inverosímil como es, la imputación no carece de lógica procesal: si el joven Luis Dagoberto San Martín fue víctima de secuestro por Iturriaga, según múltiples pruebas irrefutables, la única manera de disolver esa figura es comprobar la muerte del detenido. Y el culpable, faltando al honor de decir la verdad y colaborar con la justicia, se negó a reconocerla.
“En la guerra hay violencia y los terroristas mataban carabineros” espetó el lunes en conferencia de prensa un general en retiro. Es lo que su camarada condenado se negó a reconocer. El comandante en jefe Oscar Izurieta admitió que el Ejército está “complicado”, pero más allá de la insolvencia de la expresión, ella trasunta la doctrina de su antecesor, en orden a poner en equivalencia el dolor de las víctimas y sus familiares y el de los victimarios y sus grupos. Tal “comprensión humana” alienta a que se construyan redes de protección inaceptables para las instituciones legales. Lo mismo ocurre con las expresiones de actores representativos de la derecha civil, que endilgan la responsabilidad por la situación de los uniformados procesados a la acción judicial y/o a la falta de una solución política al problema.
Con ello quienes apoyaron ayer a la dictadura hacen menos creíble su incorporación plena a la vida democrática, participando en la legislación y aspirando a reconquistar el gobierno. Con tanta comprensión civil, el ex comando y agente de inteligencia ya no necesita parapetarse con grupos paramilitares, sino apenas refugiarse en las profundidades del fundo de un agricultor agradecido porque su acción le salvó la vida, es decir, la propiedad.