Arica.- La advertencia del ministro del Interior, Belisario Velasco en abril sobre la existencia de campos minados en las cercanías del Hito 1 con Perú para frenar la marcha nacionalista tacneña por una redelimitación marítima, generó una nueva demanda en las comunidades indígenas con asiento en el Norte Grande. Grupos aymaras, quechuas y atacameños, con el apoyo del diputado oficialista, Marco Enríquez-Ominami y del encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, conformaron en Arica un grupo para exigir al gobierno que cumpla con la Convención de Ottawa, que promueve el retiro de los campos minados en el mundo para marzo de 2011.
Las etnias instaladas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta, reclaman que los artefactos explosivos, les privan del uso y acceso a tierras ancestrales y del intercambio con los pueblos originarios existentes en las fronteras que Chile comparte con Perú y Bolivia.
El diputado Enríquez-Ominami comprometió la solicitud de un informe al Ministerio del Interior sobre el avance que tiene el Plan Nacional de Desminado Humanitario iniciado el 2002, ya que aseguró “hay un gran desconocimiento del estado en que está este programa. Chile ha suscrito la Convención de Ottawa y existe entonces una obligación de cumplirla. Si no hay dinero, tenemos que hacer los esfuerzos presupuestarios para que este compromiso internacional se cumpla. Si el ministro del Interior reconoció este problema, tenemos que ponerle máxima urgencia”. El parlamentario señaló que es urgente el retiro de los campos minados en el norte del país, ya que su presencia “afecta el libre desarrollo de los pueblos originarios”. El parlamentario sostuvo que los indigenas “tienen información valiosa de dónde pueden estar estos artefactos que debe ser considerada, dado que se sabe que con las lluvias en el altiplano, las minas han sido arrastradas y ya no están en su lugar”. PROCESO DE DESMINADO
El diputado Enríquez-Ominami comprometió la solicitud de un informe al Ministerio del Interior sobre el avance que tiene el Plan Nacional de Desminado Humanitario iniciado el 2002, ya que aseguró “hay un gran desconocimiento del estado en que está este programa. Chile ha suscrito la Convención de Ottawa y existe entonces una obligación de cumplirla. Si no hay dinero, tenemos que hacer los esfuerzos presupuestarios para que este compromiso internacional se cumpla. Si el ministro del Interior reconoció este problema, tenemos que ponerle máxima urgencia”. El parlamentario señaló que es urgente el retiro de los campos minados en el norte del país, ya que su presencia “afecta el libre desarrollo de los pueblos originarios”. El parlamentario sostuvo que los indigenas “tienen información valiosa de dónde pueden estar estos artefactos que debe ser considerada, dado que se sabe que con las lluvias en el altiplano, las minas han sido arrastradas y ya no están en su lugar”. PROCESO DE DESMINADO
Huilcamán señaló que después de la instalación de las minas antitanques y antipersonales en la década de los setenta en el norte, se privó, se enclaustró a los pueblos originarios.
“Hoy hay adultos y niños que han sido víctimas de minas antipersonales porque sin querer han cruzado un campo minado y han resultado mutilados. Esto atenta contra nuestra filosofía de integración y pacifismo que inspiran a los pueblos indígenas”, subrayó.
El representante indígena anunció que conformarán un grupo pluriétnico que demandará al gobierno su integración a la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, para exponer sus inquietudes y hacer un seguimiento de este programa. Según cifras entregadas por el Ejército, existe un avance de un 8,89 por ciento en el retiro de los campos minados existentes en las regiones I, II, V y XII. El programa cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea (UE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pese a que en la zona norte ya han sido levantados 14 campos minados con 10.870 minas antipersonales, aún quedan 103.960 minas antipersonales de 140 campos minados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, y de Antofagasta.De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, en los últimos 30 años 144 personas han sufrido accidentes con minas y municiones sin estallar. En este grupo se cuentan 22 extranjeros y 122 chilenos (122). Del total de nacionales afectados, 76 son militares y 46 civiles.