La resolución sería revisada en la Corte de Apelaciones, ya que las partes apelarían.
Matías de la Fuente pertenece al grupo más cercano al ex Presidente Ricardo Lagos complicado judicialmente por el caso MOP, que también integran el ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, y su ex ministro del MOP, Carlos Cruz.
De hecho, además de ex jefe de gabinete de la Fuente es primo de la esposa del ex Mandatario, Luisa Durán.
Este año es clave para la resolución judicial del caso MOP y sus aristas donde se investiga el pago de sobresueldos, triangulaciones por licitaciones que no se realizaron y cuyos dineros fiscales fueron desviados.
Caso MOP-Délano
En los cuatro años que lleva de investigación, la jueza Gloria Ana Chevesich abrió 25 aristas, desde la A hasta la V, a medida que fue encontrando contratos irregulares entre el MOP y diversas empresas. La del caso MOP-Délano corresponde a la letra R.
Según la investigación, Matías de la Fuente instruyó a Concesiones para que le gestionara un sistema que recaudara fondos. Por eso le encargó a Sergio Cortés crear los mecanismos con el fin de adjudicar trabajos de apoyo a M&P Délano Consultores.
El mandato se cumplió a “cabalidad”, dice Chevesich en su acusación y Délano sirvió de “caja pagadora”. Cortés elaboró la documentación necesaria para someter los trabajos al sistema de licitación privada “sabiendo de antemano que no se iban a realizar los trabajos en los términos consignados en dos resoluciones y documentos que le servían de fundamentos”.
Fue así como el 22 de agosto de 1997, por resolución, se le adjudicó a Pablo Délano -dueño de la consultora- un trabajo de apoyo a Concesiones por la suma de 47.128.271 de pesos. Y otro mandato, del 5 de mayo de 1998, por 45.533.480 de pesos.
El consultor recibió los pagos del MOP y, a su vez, canceló sobre 118 millones de pesos a los funcionarios, emitió facturas y en 10 de éstas figuraba la “firma o visto bueno” de De la Fuente y de Cortés, que es la falsificación de la que los acusan por trabajos que no se realizaron.
Ambos fueron también procesados por fraude al fisco de 92 millones de pesos, pero se les aplicó la prescripción.