Organizaciones ciudadanas rechazan el nombre de un abogado derechista, Ramiro Mendoza, para que asuma como titular de la Contraloría General, como también objetan la postergación del anuncio que se iba a hacer el último día de Marzo pasado con respecto a la decisión del gobierno referida a la TV digital.
La Agrupación Defendamos la Ciudad en particular y las 27 organizaciones ciudadanas que conforman la Coordinadora Pro Derechos Urbanos expresan su perplejidad por el intento del gobierno de la Presidenta Bachelet en orden a intervenir políticamente la Contraloría General y sucumbir ante los intereses de los canales de televisión miembros de Anatel, cuyos representantes fueron recibidos por ella el mismo día 29/03/07, ocasión en que el ministro Cortázar anunció la postergación de la decisión.
Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó “el gobierno tiene la obligación de respetar la carrera funcionaria en la Contraloría General de la República y proponer al Senado el nombre de la abogada Noemí Rojas como titular del ente fiscalizador para que así éste ejerza con autonomía e independencia sus atribuciones constitucionales. La señora Rojas es la funcionaria de mayor rango en la Contraloría. Por muy distinguido que sea el profesor de Derecho Administrativo Ramiro Mendoza, no nos gusta su nombre porque lo asociamos a un acuerdo político cupular en donde la ciudadanía informada no ha sido escuchada a pesar de que el pasado martes 27/03/07 se le solicitó por escrito a José Antonio Viera-Gallo una entrevista para tal efecto. El ministro ni se tomó la molestia de acusar recibo de la solicitud ni menos accedió a relacionarse con las organizaciones ciudadanas”.
Para que la Contraloría se modernice, como dice el gobierno, hay que asignarle mayores recursos, los mismos que se le han negado sistemáticamente y por tanto tiempo y hacer las modificaciones legales para que sus dictámenes tengan imperio : sólo así se atacará el flagelo de la corrupción, afirma la organización.